La calidad de un sistema democrático se mide desde diferentes ángulos y, entre ellos, uno de los más importantes es la atención que la administraciones da a los colectivos sociales más vulnerables. En este sentido, el caso de los adolescentes extranjeros sin familia y sin papeles oficales que malviven en la Ciutat de la Justícia en espera de de una plaza en un centro de acogida, nos debe avergonzar de forma colectiva.

Las repetidas denuncias de la situación, tanto por parte de la fiscalía, de la oenegé Salve of Children y la última ante la ONU de la asociación Noves Vies, no han obtenido de momento respuesta eficaz alguna. Niños y adolescentes siguen durmiendo en colchones esparcidos por el suelo en una sala de espera del edificio judicial destinada al público y convertida en improvisado y saturado dormitorio de los menores. Su estancia en esa dependencia, que debería ser lo más breve posible, puede prolongarse hasta cuatro días.

La respuesta de la  Direcció  General d’Atenció a l’Infància aduciendo que la llegada de jóvenes inmigrantes se ha disparado este verano en Catalunya y que ha colapsado los centros de acogida, aunque descansa en razones cuantitativas bien ciertas, no puede justificar el largo retraso en aliviar la bochornosa situación. Lo peor es que este caso viene a sumarse a otros –como la masificación de los propios centros de acogida– que revelan en su cojunto las carencias del sistema de protección de menores, un pilar esencial de la sociedad democrática.