La Plataforma Ciudadana por la participación y cambio en Euskadi –  
Zubiak Eraikiz ha registrado este jueves en el Parlamento Vasco una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para exigir una escuela 
“inclusiva” y hacer frente a la “segregación educativa” con medidas 
como la eliminación de las ayudas públicas a los centros “de élite”  que
no alcancen un determinado índice en la atención al alumnado en 
“desigualdad social”.

GASTEIZ.  Los portavoces de Zibuak Eraikiz, Gonzalo Larruzea, Xabi Zubiri y  Elena Arce han comparecido en la sala de prensa de la Cámara vasca  para dar a conocer la ILP que han registrado con el objetivo “hacer  frente al problema de la segregación educativa”.

Según han explicado, se trata de “una realidad por la que el  alumnado con mayores necesidades educativas se queda concentrado,  segregado en determinados centros educativos”. “Es un fenómeno  preocupante que supone una reproducción de la desigualdad social más  extrema”, han denunciado.

Tras afirmar que este “fenómeno” ya ha sido denunciado por  organismos como el Consejo Escolar de Euskadi o el Ararteko, han  señalado que la proposición de ley está “inspirada” en lo recogido en  los informes de estas dos instituciones.

El texto legal consta de nueve artículos y cuatro disposiciones  finales. Entre las medidas que se incluyen, los portavoces de la  plataforma han destacado la que hace referencia a la gratuidad de la  educación, para que no sea una realidad “meramente declarativa”, sino  que haya mecanismos para “hacerla efectiva y hacer frente al fenómeno  de las cuotas ilegales”.

Para ello, se proponen varios artículos con “mecanismos de  transparencia y de control de autorización de pagos que la ley prevé,  y erradicación de los pagos que se están tolerando, a pesar de no  estar amparados en la normativa actual”.

NECESIDAD ESCOLAR DE INCLUSION

Respecto a la atención a la diversidad del alumnado, la ILP  plantea fijar un índice de necesidad escolar de inclusión de cada  zona y centro, con el objetivo de que todo centro educativo  financiado con fondos públicos se atenga a unas mínimas reglas que  puede ser la atención a un mínimo de alumnado con necesidades  especiales educativas o alumnado inmigrante, alumnado becado, entre  otros. “La ley plantea que haya una exigencia para todos los centros  que reciben fondos públicos”, ha indicado.

El texto plantea que los centros educativos que, “valiéndose de  centros públicos están atendiendo a poblaciones de alto nivel  socioeconómico o de élite y no atiendan el mínimo de atención a la  inclusión, no podrán contar con ayudas públicas”. “En el caso de los  concertados que estén en el extremo, atendiendo solo a determinadas  clases sociales altas, creemos que no deben estar financiados con  fondos salidos del bolsillo de todas las personas”, ha insistido.

10.000 FIRMAS NECESARIAS

Tras el registro en la Cámara vasca, la propuesta debe ser  analizada por la Mesa del Parlamento, y para que continúe con su  tramitación debe admitirla a trámite antes de un mes y dar aviso a la  Junta Electoral, que será la que indique desde qué fecha puede  empezar la plataforma a recoger las 10.000 firmas necesarias para que  sea debatida en el Parlamento Vasco.

La ley establece un plazo de cuatro meses para recoger estas  firmas, que la plataforma quiere recabar por los “medios  tradicionales”, pero también mediante una página web que próximamente  darán a conocer.

Los promotores han explicado que, antes de registrar la ILP, han  “contrastado” el texto con partidos, sindicatos, agentes del mundo de  la enseñanza y el apoyo encontrado les resulta “estimulante” aunque  han  reconocido que queda “mucho trabajo por hacer”. “Tenemos  expectativas altas para poder llevar a buen término esta iniciativa”,  ha insistido antes de señalar que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y  PSE – EE “han visto con buenos ojos” su iniciativa.