El ministro de Inmigración de Papúa Nueva Guinea, Petrus Thomas, pidió hoy al Gobierno de Australia que se responsabilice de unos 700 inmigrantes que se encuentran en el centro de detención de la isla papuana de Manus, que cierra mañana.

Papúa no está obligado, conforme al acuerdo bilateral vigente, a hacerse cargo de los centenares de personas detenidas en un centro auspiciado por Camberra, que rechazan ser realojadas en otras partes del país, señaló el ministro en un comunicado.

“Ellos siguen siendo responsabilidad de Australia, encontrar opciones en terceros países y ponerse en contacto con los respectivos gobierno de los (catalogados como) no refugiados para proceder a la repatriación voluntaria o involuntaria”, apuntó Thomas.

Australia reactivó en 2012 su política para la tramitación en terceros países de las solicitudes de inmigrantes que viajan a su territorio en busca de asilo y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru.

En abril de este año, el Tribunal Supremo papuano declaró inconstitucional el recinto ubicado en la norteña isla de Manus y solicitó a las autoridades su clausura.

Está previsto que el centro cierre sus puertas mañana, martes, mientras al menos 770 personas, según cifras de oenegés, continúan a día de hoy internas.

“Debe quedar clara la voluntad de Australia de apoyar a Papúa con los casos restantes durante los siguientes meses (…) Hay que revisar el acuerdo para aclarar las obligaciones internacionales”, dijo el ministro papuano al avanzar que funcionarios de ambos países trabajan en los detalles de un nuevo pacto.

Organizaciones garantes de los derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han alertado sobre el peligro para las personas que quedan desamparadas en Papúa a raíz del cierre de las instalaciones de procesamiento de inmigrantes .

En declaraciones a Radio New Zealand, Thomas rebajó el tono de la preocupación en materia de seguridad, salud y alimentación para las personas que permanezcan en el país y aseguró que habrá una “transición fluida” y que las autoridades australianas tienen intención de aportar suministros.

La ONU y grupos de defensa de los derechos humanos han criticado con anterioridad estos centros de detención al calificar de inhumanas las precarias condiciones en las que viven los internos.

En una investigación de HRW realizada en septiembre, y para la que entrevistó a unos 40 internos en Manus, la organización constató los abusos cometidos contra los buscadores de asilo, quienes denuncian golpes con palos, piedras, cuchillos o destornilladores, y además que les quitan sus pocas pertenencias.

“La pasada noche dos locales borrachos arrojaron piedras contra las vallas. Australia no puede dejar a la gente de Manus sin protección. Locales y refugiados estamos preocupados”, escribió el domingo el periodista iraní Behrouz Boochani, refugiado en el centro, en un mensaje publicado por la red social Twitter.

Muchos de los ingresados en Manus y Nauru han huido de conflictos como los que se viven en Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria; otros han escapado de la discriminación como las minorías rohinyá, en Birmania (Myanmar), o bidún, en la región del Golfo.