El Colegio de Abogados de Sevilla prepara la creación de un turno de oficio de asistencia gratuita para denunciar delitos de odio, que ya existe en Málaga y Córdoba, un tipología de agresiones físicas o verbales a homosexuales, extranjeros o discapacitados de las que sólo se denuncia el 10 %.

Según ha explicado a Efe el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Sevilla, Manuel Pérez Cuajares, a este turno de oficio se apuntarán voluntariamente los letrados que lo deseen similar a los ya existentes de violencia de género o trata de seres humanos a los que se dará formación especializada.

Como anticipo, el Colegio de Abogados de Sevilla acogió esta semana unas jornadas en las que especialistas en la materia destacaron que “el gran problema de los delitos de odio es que sólo se denuncia el 10 %”, según la letrada Rosario Alises presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga y activista de la asociación LGTB Ojalá Málaga, quien admitió que las víctimas “desconfían de la justicia y la Policía” por “miedo a represalias” o, en el caso de los inmigrantes , a ser expulsados “aunque con el Estatuto de la Víctima no deberían”.

Según los datos expuestos por la fiscal especializada en delitos de odio de Sevilla, Victoria Fuentes, en Andalucía hubo el año pasado 152 denuncias, la tercera comunidad con más, de las cuales 38 se tramitaron en Sevilla, la quinta provincia con más denuncias por delitos de odio.

Fuentes admitió sin embargo que estas estadísticas son inexactas por la dispersión de los casos y los frecuentes archivos, ya que si el Ministerio de Interior señala que en toda España fueron 1.272 las denuncias “las organizaciones hablan de más de 4.000 y más de 2.000 páginas web que incitan al odio”.

En lo que va de año, Fuentes explicó a Efe que personalmente ha abierto “cuatro o cinco” diligencias de investigación por delitos de odio, si bien reconoció la dificultad de lograr llevar estos delitos a juicio y conseguir condenas porque las víctimas pertenecen a colectivos “vulnerables”, suelen “desaparecer” y sin su testimonio resulta complicado mantener la denuncia.

Tanto Alises como Fuentes coincidieron en que el catálogo de colectivos víctimas de delitos de odio que contempla el Código Penal se queda “corto” al no incluir a las personas sin hogar pese a que la aporofobia está tras casos como la agresión a una indigente sevillana que “quedó en un delito leve”.

También señalaron que tras la despenalización de las injurias, resulta difícil perseguir como delito expresiones como “maricón o negro de mierda” y la vía que generalmente intentan los fiscales es calificarlos como ataques a la integridad moral.

No obstante, el jefe de gabinete técnico de la comisaría provincial de la Policía Nacional, Antonio López, expuso en las jornadas que en Sevilla la mayoría de los delitos de odio investigados tienen como víctimas a personas con discapacidad.

La profesora de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla Dolores Mojarro, analizó el perfil de los agresores, y expuso que el 60% “busca el poder de la novedad y el riesgo”, la mayoría adolescentes o adultos jóvenes-; un 25% son “reactivos, se sienten amenazados de que el otro les va a quitar su sitio”, algo que suele estar tras los ataques a extranjeros; un 8% actúa “por venganza” y un 1% son enfermos psicóticos.