Australia será elegida hoy, junto a España, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020, a pesar de las críticas por el trato que da el país oceánico a los “sin papeles” y aborígenes.

“Australia está abierta a ser investigada y a los puntos de vista externos, pero eso no significa que no debamos tomar con derecho nuestro asiento en el Consejo de Derechos Humanos”, dijo la ministra de Exteriores, Julie Bishop, a los periodistas en Camberra.

Un comité de la ONU examinará esta semana en Ginebra si el Ejecutivo de Camberra cumple con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, aunque Bishop considera que esta evaluación no va en detrimento de sus funciones en el Consejo.

Según un grupo de oenegés que han preparado un informe para el comité, Australia ha retrocedido en su política de detención de inmigrantes en islas de Pacífico, la brutalidad en el trato de menores aborígenes y el endurecimiento de las sanciones por terrorismo en detrimento de las libertades civiles, entre otros.

“Continuaremos siendo un país abierto, transparente, responsable y comprometido con el estado de derecho y los derechos humanos”, aseguró la jefa de la diplomacia australiana.

Las declaraciones de Bishop se dan antes de que Australia y España, los dos únicos aspirantes tras la retirada de Francia, sean elegidos, salvo mayores sorpresas, a ocupar a finales de año los dos asientos disponibles dentro del grupo de “Europa occidental y otros países”, actualmente en manos de Portugal y Holanda.

Bishop aseguró que Australia cuenta con un fuente respaldo y pretende trabajar en temas vinculados al empoderamiento de género y la libertad de expresión, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de derechos humanos, así como de los derechos indígenas.