Apenas 134 personas refugiadas acogidas frente a las mil que se esperaban. Ese es el balance que puede exhibir Euskadi dos años después de anunciar que abriría las puertas y protegería a quienes llegaban a las fronteras externas de Europa, cruzando el Mediterráneo. Fue en septiembre de 2015 cuando los estados miembros de la Unión Europea acordaron un sistema de reparto por cuotas. En una cumbre extraordinaria, se decidió proteger a 180.000 de las personas que ya se encontraban por entonces malviviendo en campamentos de emergencia, situados en Grecia, Italia o Turquía. Cada país acogería un número de ellos, determinado por el potencial económico de cada estado y el volumen de su población.

Dos años más tarde, en total, la UE apenas ha logrado trasladar una de cada cuatro personas de las que se comprometió a acoger. España, con 1.983 personas recibidas, sólo alcanza un 11% de lo firmado. En el caso de Euskadi, han sido un total de 134 personas reubicadas en dos años, muy por debajo del millar previsto desde Lakua, cuando el Gobierno vasco se reunió con ayuntamientos y diputaciones para consensuar un inventario de recursos disponibles. Se determinó que de ese millar, 150 serían acogidos en Álava. Tampoco se ha cumplido.

En el territorio alavés se encuentra ahora un centenar de personas refugiadas acogidas a través de este programa. 24 han sido recibidas por CEAR, 8 a través de Accem y el resto por la Cruz Roja, que cuenta con 72 plazas de acogida pero no distingue en sus números entre las personas atendidas en el marco de este acuerdo europeo y otras solicitudes de asilo. Fue en estas tres organizaciones en quienes la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, delegó el desarrollo del programa de acogida de refugiados puesto en marcha en 2015.

Desde CEAR, junto a otras ONG como Intermón Oxfam o Amnistía Internacional, denuncian los fallos del sistema, la falta de eficiencia de los procesos burocráticos y el incumplimiento «flagrante» de lo prometido. Rosabel Argote, responsable de CEAR Euskadi en Álava, califica el número de personas llegadas a la provincia como «muy rácano» y asegura que el resultado de estos dos años es «indignante, casi increíble».

Por su parte, a comienzos de septiembre y ante las protestas y denuncias por el incumplimiento del acuerdo, el Ministerio del Interior se escudaba en una supuesta notificación por parte del gobierno griego en el que éste «lamenta que no existen más personas que cumplan con los requisitos para ser reubicadas». Una argumentación inválida para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que señala que el proceso ha fracasado porque tiene fallos que corregir «Hay muchísimas personas que reubicar, más de 50.000 que están sobreviviendo ahora mismo en Grecia a duras penas, en condiciones miserables. Y esto lo certifican los propios datos e informaciones de la Unión Europea. ¿Cómo no van a ser reubicables?».

Álava tiene más capacidad de acogida y las organizaciones piden que se le dé un nuevo impulso al proceso de distribución. En primer lugar, revisando los criterios esgrimidos para decidir qué personas son susceptibles a participar en el programa. «En estos momentos hay una restricción de nacionalidad. Siria y Eritrea son reubicables pero hay muchas otras personas que proceden de guerras y conflictos armados atrapadas en Grecia» detalla Rosabel Argote. Por otro lado, exigen «que se sancione de una forma efectiva a aquellos que no están cumpliendo con los compromisos».

Las consecuencias de que las vías legales de solicitud de asilo no funcionen, explica Argote, están en los medios. «Digamos que se ‘autoreubican’. Lanzándose al mar, saltándose las fronteras, metiéndose en camiones y pagando a traficantes. Quiero subrayar que huyen sin otra opción que huir. Morir no es una alternativa. Y no hay sólo personas perseguidas por motivos de guerra, sino por su orientación sexual, su religión, su ideología política…».

Para las personas que tuvieron la fortuna de sobrevivir al viaje, cumplieron con los requisitos para ser reubicadas y se encuentran ahora en Vitoria, el programa preveía dos años de apoyo en la llegada. Los primeros seis meses fueron alojados en pisos de las organizaciones, después, debieron encontrar una vivienda propia y otro medio año más tarde, trabajo. Algo complicado cuando también hay que aprender una lengua nueva. Pero el mayor obstáculo, subrayan, es encontrar un piso. «Les resulta muy difícil, por discriminación directa o indirecta por parte de quienes alquilan».