Las principales ONG de apoyo a migrantes han exigido al Gobierno que cambie su política migratoria en las fronteras, tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la devolución en caliente a Marruecos de dos inmigrantes que había saltado la valla de Melilla sin ser identificados.

La sentencia, que puede ser recurrida y que impone una indemnización de 5.000 euros por daños morales a cada uno de los demandantes, de Mali y de Costa de Marfil, explica que fueron expulsados “sin que antes tuvieran acceso a intérpretes y a una asistencia jurídica que les informara de las disposiciones pertinentes del derecho de asilo o de los procedimientos contra su expulsión”.

Por ello, “fueron privados de toda posibilidad de recurso”, que les hubiera permitido tener acceso a una autoridad judicial y “beneficiarse de un control atento y exhaustivo” de su demanda antes de su devolución, añade el tribunal europeo.

En concreto, las organizaciones sociales exigen que se revisen las disposiciones que regulan el rechazo en frontera, tanto de la Ley de Extranjería, como de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana.

Para Carlos Artundo, de Médicos del Mundo, la sentencia “es el toque de atención a las prácticas y a las políticas que hace en la frontera sur el Gobierno español y el Ministerio del Interior con respecto no sólo a las devoluciones en caliente, sino en general por vulneración de derechos”.

“Las políticas migratorias que se están haciendo en Europa son un desastre y no solucionan el problema migratorio, sino que vulneran los derechos humanos por lo que hay que replantear también esas políticas europeas”, ha añadido.

Según la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, “la sentencia evidencia la ilegalidad de estas prácticas a las que se pretendió dar cobertura legal a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que debería ser inmediatamente reformada”.

Para CEAR, es importante que el tribunal no reconozca “la existencia de un régimen excepcional para Ceuta y Melilla, indicando que ‘la línea fronteriza entre el Reino de Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla es la delimitada por los tratados internacionales’ desacreditando de este modo, el argumento de ‘frontera móvil’ que en tantas ocasiones han alegado las autoridades españolas”.

“Esta violación de derechos humanos ha durado demasiado: es necesario que el Gobierno ponga fin de una vez por todas a las expulsiones en caliente; ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta y sin los debidos procedimientos individualizados a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”, ha advertido Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

La ONG Andalucía Acoge recuerda que la sentencia del tribunal europeo “confirma la ilegalidad de las devoluciones en caliente de inmigrantes ” que han denunciado insistentemente ante este mismo tribunal por hechos similares, en los que además hubo agresión policial.

Explica que se trata de “expulsiones colectivas prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos, que privan a los denunciantes de interponer el recurso correspondiente ante esta situación”.

Oxfam Intermón confía en que este fallo judicial, “que confirma las críticas de las ONG por las devoluciones de migrantes que siempre hemos calificado de ilegales”, obliguen al Gobierno a cambiar la Ley de Extranjería, “que ampara estas devoluciones”.

SOS Racismo reclama que “se cumpla de forma inmediata y que se aplique la legalidad vigente” y opina que el fallo del tribunal europeo va a suponer “una cierta garantía a la Guardia Civil sobre lo que se puede y no se puede hacer”.

También, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado a Interior y a los grupos parlamentarios que “de manera urgente” procedan a dar “todas las instrucciones necesarias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado” para paralizar las devoluciones en caliente que se efectúan diariamente en Ceuta y Melilla.