La Comisión
Europea (CE) propuso este miércoles modificar el Código de fronteras Schengen , que permite la libre circulación de personas entre los países adheridos, de forma que los controles
temporales internos de las personas que cruzan las fronteras europeas se puedan prolongar hasta un máximo de tres años. Bruselas apunta que se hará de forma
excepcional y con el fin de afrontar amenazas de seguridad concretas de tipo terrorista o migratoria, entre otras. De este modo, se cumplen las exigencias de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia y Noruega, que habían hecho la petición de ampliar los controles fronterizos excepcionales amparándose en la “amenaza terrorista”.

“Se trata de reintroducir controles fronterizos temporales para hacer frente a las amenazas”, indicó el comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramópulos, en una rueda de prensa para presentar la iniciativa.

Las normas actuales prevén que los países puedan restablecer los controles fronterizos por un periodo inicial de 30 días, ampliable hasta seis meses, prorrogables hasta alcanzar un máximo de dos años en casos excepcionales.

En concreto, la CE propone ahora “adaptar” los plazos aplicables en virtud de los artículos 25 y 27 del Código de fronteras Schengen. De esa manera, el plazo máximo que se podrán restablecer los controles en las fronteras en caso de acontecimientos que impliquen una grave amenaza pública o a la seguridad interna se prolongará de seis meses hasta un año. Además, en el caso de amenazas a la seguridad de carácter persistente, se dará la posibilidad excepcional de prolongarlos por otros dos años.

En función de la gravedad de la amenaza, las agencias europeas de control de fronteras y de guardacostas, así como Europol, podrían sumarse a la evaluación del riesgo, precisó la CE. De esa forma, los controles fronterizos podrían pasar a estar vigente desde el límite actual de dos años a un máximo de tres.

Al mismo tiempo, se introducen “garantías procesales más estrictas” y la obligación de los Estados miembros de evaluar si podrían afrontar eficazmente con otras medidas la amenaza detectada, y de presentar una evaluación detallada del riesgo. Esa prórroga exigiría una recomendación del Consejo (países), que tendría que tener en cuenta el dictamen emitido por la Comisión y se limitaría estrictamente a períodos de seis meses con la posibilidad de prórroga en tres ocasiones como máximo, “hasta un período máximo de dos años”.

En todo caso, la CE quiere garantizar que los controles en las fronteras internas sigan siendo una “excepción” y una “medida de último recurso”, y que sólo se recurra a ellos si son “necesarios y proporcionados”, limitando su incidencia en la libre circulación.

Los controles introducidos por la presión migratoria deberían finalizar el próximo noviembre, dado que las principales razones para la prolongación de los mismos ya no existen, según la CE. En cambio, Bruselas reconoció hoy que han surgido nuevos retos como “persistentes y graves amenazas terroristas transfronterizas” o “movimientos secundarios” de inmigrantes en situación irregular que constituyen “serias amenazas” para las políticas públicas o la seguridad interna.

Actualmente seis países del espacio Schengen aplican controles en fronteras internas: Francia (tras los atentados de París en noviembre de 2015) y Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega (desde 2016 para afrontar los flujos migratorios en la llamada “crisis de los refugiados”).

La Comisión también recalcó que “ha llegado la hora” de que Bulgaria y Rumanía se conviertan en miembros de pleno derecho de Schengen, y pidió al resto de países levantar los controles en las fronteras interiores entre estos dos Estados miembros.