Los problemas de los menores marroquíes y rumanos, los casos de malos tratos, el déficit de plazas residenciales para ancianos… son cuestiones asociadas al Departament de Benestar i Família, un área donde nunca los recursos serán suficientes. Anna Simó, la actual consellera, lo sabe y reconoce también los límites de su departamento, pero también destaca el aumento presupuestario y la renovación que poco a poco se ha ido introduciendo. “Existía un déficit de centros de día para menores y hemos doblado la oferta de plazas, no es suficiente y faltan más recursos, pero se ha dado un paso importante, y así sucede también en otros aspectos”. La reforma de la dirección general de la Infància i l´Adolescència (Dgaia) y la presentación de las bases de la nueva ley de la Infancia son sus últimas apuestas.
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– ¿Qué pretende esa nueva ley de la Infancia?
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– Debe reforzar el ámbito preventivo, establecer un marco claro de competencias de todas las administraciones competentes, y dedicar una parte del articulado a la garantía, promoción y protección de los derechos de los niños, a su atención social y a establecer los principios de la coordinación. Y, en un plano más concreto, busca objetivos como la reducción del número de menores bajo tutela de la Generalitat que están en centros residenciales o aumentar el número de adopciones nacionales. Tenemos claro que esos centros no han de ser el recurso habitual.
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– ¿Será más difícil y más cara la integración de los inmigrantes en Catalunya por el hecho de que quienes llegan aquí no conocen el catalán y además priman los originarios de países africanos?
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– El último barómetro de opinión señalaba, junto a la preocupación por el fenomeno migratorio, la necesidad de dedicar más recursos a la integración, una idea compartida por más de un 60% de la población española. Y tanto el fondo estatal que se ha empezado a repartir entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos como nuestro plan de acogida suponen aportaciones importantes.
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– ¿Suficientes?
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– No, y por ejemplo, aunque hay ya muchos cursos de catalán, nos faltan todavía más. Pero la otra reflexión que quería comunicar es que la lengua, más que un problema, es un instrumento de integración. El inmigrante que puede hablar en catalán se siente más integrado. Y en algunos lugares como en el Empordà, la Selva o incluso en la Plana de Vic son muchos ya los que primero aprenden el catalán. Sin embargo, es verdad que una grandísima mayoría de inmigrantes aprende el castellano antes. Por eso se están programando cursos de catalán y de acogida para que se vea el conocimiento del catalán como una oportunidad y un derecho.
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– ¿Aumentará el número de repatriaciones de menores marroquíes no acompañados?
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– Si se quiere hacer bien, es difícil. Hay que identificar al niño, y a veces estamos obligados a hacerles pruebas para diagnosticar su edad, hay que analizar su proyecto migratorio y si puede volver con su familia. ¿Qué hace un niño de menos de 14 años aquí y solo? Es mejor que encuentre un futuro en Marruecos. Por eso es importante el proyecto Barcelona – Tánger, que esperamos que dentro de un año y medio esté ya en marcha. Ahora estudiamos varios edificios para no tener que construir uno nuevo y ver si allí se puede instalar un taller de formación. Varias empresas y entidades catalanas ya se han mostrado interesadas en este proyecto de inserción. No pasaremos de 500 menores a cero, pero si los podemos reducir a una tercera parte, ya nos daremos por satisfechos.
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– El informe del Síndic de Greuges al Parlament lamenta el déficit de plazas en residencias de personas mayores y de discapacitados.
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– El Síndic tiene razón, pero estamos haciendo frente al problema. Ahora bien, no podemos fabricar residencias prefabricadas en un año como se hace con las escuelas, porque aquí son centros de 24 horas. Y además los concursos de adjudicación deben seguir unos trámites que son lentos. Por eso hemos diversificado las actuaciones. Por un lado se han aumentado en un 90% las ayudas para plazas privadas de residencias y se ha podido aumentar la oferta en zonas, como en Barcelona, donde hay un déficit. Y además se está a punto de firmar un acuerdo con las patronales y los sindicatos para mejorar el modelo económico de ayudas, porque ahora el precio que se paga por una plaza a un centro privado no es rentable. En cuanto a los centros para discapacitados, se dan ayudas a entidades privadas para que los gestionen con subvenciones del 50% a las inversiones y financiación para cada plaza. En el 2004 no había recursos, pero en el 2005, sí.
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– Esta semana ha aparecido la orden sobre ayudas a entidades sociales derivada del porcentaje del IRPF.
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– Presentamos varias alegaciones al borrador, pero todas fueron desestimadas. Es la ley del ministro Caldera. Vuelve a suceder que se valoran más los proyectos de entidades estatales y se tienen en cuenta más que los propios programas. Es un agravio comparativo para las entidades que sólo actúan en el ámbito catalán. La otra gran queja es que los informes que solicitan a la Generalitat no sean vinculantes para las concesiones finales. Habrá que esperar a ver cómo se hace el reparto final antes de decir la última palabra.
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