Oxfam Intermón ha presentado este lunes 18 de septiembre, ante la 
Comisión Europea en Madrid, una denuncia contra el Gobierno de España 
por incumplir su compromiso de acogida de refugiados, a pocos días de 
que expire el plazo establecido por la Unión Europea, el próximo 
miércoles 27 de septiembre.

MADRID. “Es una medida extrema, es una medida desesperada a una semana de  que se cumpla este plazo”, ha explicado a los medios de comunicación  el director general de la organización, José María Vera, a quienes ha  recordado que España se comprometió a acoger a 17.337 personas entre  reubicadas (Italia y Grecia) y reasentadas (Líbano y Jordania), de  estas 9.323 debían ser reubicadas de forma obligatoria.

En cambio, según ha detallado Vera, España “solamente” ha recibido  a 1.279 personas, el 13,7%. “Eso es lo que justifica, lo que motiva  que hoy estemos presentando esta denuncia”, ha aseverado durante su  declaración ante los periodistas, acompañado de representantes  políticos del PSOE y Unidos Podemos, y del Ayuntamiento de Madrid. Se  trata de la primera ocasión en que la ONG denuncia a un gobierno.

En este sentido, el director general de la organización ha  insistido en que el resto de las personas refugiadas que deberían  haber llegado a España “se encuentran esperando, hacinados en los  campos, huyendo de la guerra y de la violencia”. Con esta denuncia,  Oxfam Intermón pretende que la Comisión Europea asegure que España  cumple con las cuotas porque, “aunque falte poco tiempo, puede  actuar”.

Asimismo, la ONG ha presentado un requerimiento a la propia  Comisión Europea para que envíe un dictamen y una carta  “suficientemente motivada”, que abra la posibilidad de que la  justicia europea actúe a partir del 27 de septiembre cuando el plazo  expira. “Si no pasara así, nos podríamos encontrar con que se cierra  este plazo y nada ocurre”, ha remachado. En concreto, Oxfam pide a la  institución europea que dé respuesta a su requerimiento en el plazo  de una semana.

Según ha advertido Vera, si la Comisión actúa antes del 27 de  septiembre, se abre la posibilidad de que Oxfam denuncie ante el  Tribunal de Justicia Europeo, de modo que se inicie un procedimiento  que exigiría una reparación a las personas que se hayan visto  afectadas por este incumplimiento, y que podría conllevar una sanción  económica. Unicamente Malta ha cumplido con su compromiso de acogida,  con un 112,98%. “España tiene capacidad para acoger a 17.337  personas”, ha defendido Vera.

“Lo que pretendemos es que se exijan responsabilidades, incumplir  acuerdos vinculantes tiene un coste”, ha destacado, para después  añadir que uno de los objetivos es que se produzca un cambio de cara  al futuro en relación con las políticas españolas de asilo y refugio  porque España “está a la cola” en cuanto a la cuota de acogida, al  mismo nivel que países como Croacia o Rumanía con una “capacidad  económica significativamente menor”.

MILES DE PERSONAS “ABANDONADAS”

Por su parte, la diputada socialista Carlota Merchán ha afirmado  que el PSOE se suma a este acto de Oxfam para reclamar a las  instituciones europeas que exijan al Gobierno el cumplimiento de los  compromisos de acogida que suscribió en 2015 porque “los acuerdos no  pueden quedar en papel mojado y máxime cuando se trata de la vida de  miles de personas que están abandonadas a su suerte en otros Estados  miembro”. “No se trata solamente de solidaridad con quienes tienen  derechos a ser acogidos y protegidos, sino también de solidaridad  entre Estados miembro”, ha aseverado.

La parlamentaria de Unidos Podemos Rita Bosaho ha asegurado que su  formación política va a seguir trabajando para que España cumpla con  sus compromisos en materia de asilo y acogida de personas refugiadas  y ha defendido que la migración “es un derecho y no un capricho”.

Finalmente, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid,  Marta Higueras, ha pedido al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy  que, “al menos, cumpla con sus compromisos” porque “no se puede mirar  para otro lado”.

Además, ha anunciado que el Consistorio madrileño  pondrá 20 nuevas viviendas a disposición del Gobierno para que sean  ocupadas por personas refugiadas.