Una pareja a la que le cuelgan el teléfono solo por su acento cada vez que llaman a anuncios de alquiler de pisos o un joven frenado por la policía en la calle por su color de piel. Son solo algunos ejemplos de las 309 denuncias de ciudadanos que se recogieron en las oficinas de SOS Racismo durante el 2016 y que suponen un 25 % más que en el 2015.

El primer motivo (82 expedientes) fue el racismo institucional, que en su mayoría se dan en la tramitación de documentos de extranjería y de nacionalidad, seguidas de quejas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). «Hasta dos años se tarda en terminar el proceso de la nacionalidad. Como son extranjeros, parece que no importa», apunta Mikel Mazkiaran, secretario general de la Federación SOS Racismo. En segundo lugar se encuentran los conflictos y las agresiones racistas (51), sobre todo en el ámbito vecinal. El tercer lugar lo ocupan las quejas de las Fuerzas de Seguridad del Estado (46). La población negra es el colectivo más afectado por las situaciones denunciadas ante SOS Racismo.

Repunte

Pocas semanas después de los atentados de Barcelona el pasado 17 de agosto, la oficina de la oenegé en Cataluña tuvo conocimiento de aproximadamente de un centenar de situaciones que podrían ser calificadas de racistas, aunque su directora, Alba Cuevas, advierte de que todavía deben analizarse y confirmar que son ciertas. Desde SOS Racismo denuncian que después de cada atentado es cuando se producen más agresiones en la calle y se publican más comentarios xenófobos en las redes sociales. Desde la organización también señalan que algunos cargos públicos bordean el racismo en alguno de sus discursos, aunque no concretaron nombres.

Esta oenegé ha pedido a los partidos políticos que no pierdan la oportunidad de crear una ley integral en materia de igualdad de trato y no discriminación como ocurrió hace seis años. Entonces, el adelanto electoral dejó en el cajón la propuesta parlamentaria. Ahora, varios partidos (PSOE y Ciudadanos, entre ellos) ya han registrado en el Congreso diferentes propuestas sobre esta materia. «Es necesario que salga adelante en esta legislatura», apunta Mazkiaran que también reclama otro cambio legislativo: ampliar el «foco de la discriminación en actuaciones cotidianas que van creando el caldo de cultivo de actuaciones más graves». «Hay una gran oportunidad», recalca.

Tipos penales

La organización recuerda que la discriminación laboral, la producida en sectores como el inmobiliario (donde se ponen dificultades a la población extranjera para alquilar un piso) o la hostelería «son tan importantes como los delitos de odio y que precisan de herramientas legales con las que ahora no contamos». «Es necesario hablar de los microrracismos, como ocurren en las discotecas, por ejemplo», expone Mazkiaran. «La reciente modificación del Código Penal precisa una ley específica que ordene los diferentes tipos penales relativos a los delitos de odio», explicaron los responsables de SOS Racismo en la presentación de su informe del 2016. Consideran que el hecho de que hayan disminuido los delitos de odio (1.272 el año pasado frente a los 1.328 de 2015, según la estadística del Ministerio del Interior) se debe a esa rigidez en el uso del artículo 510 del Código Penal.