- La remuneración a familias acogedoras profesionalizadas, la figura de un defensor del menor independiente del Síndic de Greuges o el desamparo de un niño a instancias de la Generalitat, anticipándose a la decisión judicial, son algunas de las propuestas más relevantes que un grupo de expertos ha realizado y que sirven de base al proyecto de ley integral de la Infancia y la Adolescencia de Catalunya.
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Se repite a menudo que, en la sociedad del bienestar, el hijo es el rey de la casa. Pero no de todos los hogares. Hay muchos niños sin techo, con padres que los maltratan o simplemente los abandonan, que viven en situaciones de marginación, y el Estado está obligado a desempeñar un papel subsidiario al de las familias para velar por sus derechos. De ahí la necesidad de una ley catalana de la Infancia y la Adolescencia – la Generalitat tiene desde 1981 las competencias de protección y tutela de menores – que ponga orden a un sinfín de normas sobre el menor, aprobadas por gobiernos con sensibilidades distintas y por eso mismo no siempre coincidentes, y establezca una prioridad presupuestaria. El borrador de ese primer documento de bases, al que ha tenido acceso este diario, propone incluso que los presupuestos de la Generalitat y de los municipios destinen un porcentaje fijo para servicios y política de infancia y adolescencia.
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Un equipo de expertos, coordinado por Carlos Villagrasa Alcaide, ha elaborado un documento de bases que mañana será presentado públicamente, tras recibir luz verde por parte del Departament de Benestar i Família, lo que no significa necesariamente que se comparta al cien por cien, según fuentes de la propia conselleria. El calendario fijado establece un proceso de participación en el que intervendrán ayuntamientos y consejos comarcales y entidades y organizaciones vinculadas a la infancia. Este debate acabará en mayo, de modo que la ley pueda ser aprobada por el Consell Executiu en octubre para entrar en el Parlament. Uno de los objetivos principales de esta ley es reducir la estancia de los menores tutelados en centros residenciales. Actualmente hay alrededor de 2.200 niños y adolescentes en centros que dependen de la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència (Dgaia). Y, lo que es peor, algunos llevan seis, siete o más años en esas residencias, que, pese a contar con unos recursos y una atención que han mejorado con el tiempo, no son la solución ideal. Para paliar esta situación, se potenciará la acogida (en febrero de este año había 595 niños adoptados y 396 familias acogedoras) y las adopciones nacionales (de enero a septiembre del 2005 hubo en Catalunya 82 adopciones de niños de Catalunya y 1.594 de otros países). Se creará la figura de la acogida permanente para evitar que las familias tengan que renovar anualmente un farragoso papeleo. Además, se plantea la existencia de familias acogedoras profesionales. Se trata de familias donde al menos uno de los cónyuges tiene una formación especial (pedagogía, educación social, trabajo social) y está en disposicion de acoger a uno, dos o tres niños. Queda por determinar cómo
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se les remunerará. Y también para favorecer las acogidas se limitará el plazo de los padres biológicos para recurrir una declaración de desamparo o para recorrer un proceso preadoptivo. El documento de bases no precisa esos plazos, pero el Departament de Benestar i Família ya se anticipó en el mes de noviembre pasado al señalar que los padres tendrían dos meses para impugnar ante el juez una resolución administrativa de desamparo. Contra la resolución desestimatoria, los padres tendrían un periodo de dos años para poder recurrir ante el juzgado si las circunstancias que llevaron a esa decisión han evolucionado favorablemente para los intereses del menor. También en la línea de promover una ley menos biologista, se pidió que la medida de acogida preadoptiva – previa a la adopción – fuese adoptada por la Generalitat sin necesidad del consentimiento de los padres o tutores, para evitar procesos judiciales, aunque a los padres les quedaba la oportunidad de presentar recurso.
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Los expertos que han intervenido en ese documento de bases que esta semana se presenta no han escamoteado los controles a la Administración para garantizar los derechos del menor frente a la burocracia administrativa. Por un lado, se habla de la figura del gestor único, pero en un sentido descentralizador, de modo que sean los 16 equipos funcionales de la infancia que ya existen distribuidos por el territorio los que puedan coordinar y atender los casos urgentes. Otro aspecto más novedoso es la propuesta de castigar la inactividad de la Administración y la creación de la figura del Defensor del Menor.
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Uno de los aspectos primordiales de la normativa pretende ser la acotación de la acogida en centros residenciales. Pero también se pretende mejorar en lo que se ha dado en llamar la acogida simple en instituciones.
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La nueva ley apuesta por mejorar la calidad socioeducativa del servicio y la tarea socializadora. Algunas de las cuestiones recogidas se refieren a los procedimientos de ingreso, a los circuitos administrativos y jurídicos, a la temporalidad de la medida, a la regulación de las visitas (régimen de relaciones, comunicaciones y colaboraciones) y a los motivos de desinternamiento o cambio de centro. Este problema es especialmente grave en el caso de los menores marroquíes abandonados. El proyecto pretende fomentar la autonomía y la inserción laboral de esos menores a partir de los 16 años, y se potenciarán los pisos o residencias asistidas.
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