Los insurgentes rohinyá acusaron hoy al Ejército birmano de cometer crímenes de guerra contra civiles de esta minoría musulmana y defendieron la legitimidad de sus ataques contra las fuerzas de seguridad en el estado Rakhine, en el oeste del país.

El Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) rechazó el calificativo “extremista terrorista” con el que las autoridades birmanas se refieren a esta organización y acusó al Gobierno y al Ejército del país de apoyar actos de terrorismo contra la minoría.

“ARSA existe legítimamente bajo la ley internacional para defender, salvar y proteger a la comunidad rohinyá con todas sus capacidades de acuerdo con los principios de la autodefensa”, dijo la organización en un comunicado.

Centenares de insurgentes armados con machetes y explosivos de fabricación casera iniciaron el viernes una serie de asaltos contra puestos policiales y militares en el norte del estado Rakhine, también llamado Arakan, en la frontera con Bangladesh.

Cerca de un centenar de personas han muerto en estos incidentes, 77 de ellos rebeldes, según datos de las autoridades birmanas, mientras centenares de civiles intentan huir de la violencia cruzando la frontera hacia Bangladesh.

Los insurgentes, que califican al gobierno de “opresivo” y al Ejército de “brutal”, denuncian el “bombardeo indiscriminado” contra civiles y abusos como violación de mujeres, saqueo de propiedades y sacrifico de animales domésticos.

También acusan a los militares de utilizar a “extremistas” de la mayoría budista de Rakhine como fuerzas de choque y de quemar casas en sus batidas en aldeas rohinyá.

Las autoridades birmanas sostienen que son los insurgentes los responsables de la quema de casas, acusación que ARSA rechazó al considerarla “absolutamente irracional”.

“La genuina organización terrorista es el brutal régimen militar birmano que se ha estado preparando durante meses para aterrorizar el norte de Arakan y cometer crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio contra el pueblo más perseguido del mundo”, señaló el comunicado.

La oficina de la líder de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, llamó ayer al ARSA “extremistas terroristas”, calificativo que ha sido evitado con otras guerrillas de minorías que combaten al Ejército en el noreste del país.

El entorno de la Nobel de la Paz también acusó a varias organizaciones internacionales de connivencia con los rebeldes de esta zona, donde el Ejército restringe desde octubre el acceso a la ayuda humanitaria tras una primera oleada de ataques.

Suu Kyi ha recibido múltiples críticas por su posición ante la crisis en Rakhine, en la que ha evitado criticar a las fuerzas de seguridad pese a las numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Las competencias en seguridad en Birmania están en manos del Ejército, que al orquestar la disolución de la última junta militar se reservó los ministerios de Defensa, Fronteras e Interior, además del derecho de veto en el Parlamento.

Más de un millón de rohinyás viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás sino que les considera inmigrantes ilegales bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.