La oficina de la líder de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, acusó hoy organizaciones extranjeras de connivencia con los rebeldes de la minoría rohinyá a los que tachó de “terroristas extremistas bengalíes”.

“Hemos sabido que personal de ONGI (ONG internacionales) participó mientras terroristas extremistas sitiaron la aldea de Taungbazar”, dijo la oficina de la Consejera de Estado en un comunicado.

La oficina de la Nobel de la Paz denunció en la misma nota que encontró galletas del Programa Mundial de los Alimentos de la ONU en uno de los campos clandestinos de los asaltantes.

Cerca de un centenar de personas han muerto en varios ataques que el llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) inició el viernes contra puestos policiales y militares en el estado Rakhine, en el oeste del país, cerca de la frontera con Bangladesh.

Al menos 77 de los muertos son miembros de esta organización, que utilizaron cuchillos, machetes, hachas, tirachinas y otras armas caseras, incluidos explosivos, en estos asaltos.

ARSA acusó al Ejército birmano de cometer numerosos abusos contra civiles rohinyá en las últimas semanas, incluidos doce asesinatos y saqueos, para justificar estos ataques como medida de autodefensa.

La oficina de Suu Kyi, en cambio, denunció que varios medios de comunicación hayan calificado a los asaltantes como “insurgentes” y reclamó que se les considere como “terroristas extremistas bengalíes”.

El término “bengalí” es utilizado a menudo para designar a esta minoría por parte de las autoridades birmanas, que no reconocen el término “rohinyá”.

La escalada de la violencia ha hecho aumentar el número de rohinyás que intentan escapar hacia Bangladesh, donde en los últimos tres días las autoridades han expulsado a al menos 290 personas de esta minoría.

La prensa bangladeshí asegura además que unos 3.000 rohinyás han logrado entrar en territorio de este país y que tropas birmanas abrieron fuego contra civiles que intentaban cruzar la frontera.

Más de un millón de rohinyás viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás sino que les considera inmigrantes ilegales bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.