«Desafortunadamente no es nuestra primera experiencia de intento fallido de ejecución de una sentencia sobre la base de una supuesta negativa del menor». Con esta frase, la Embajada de España en Bucarest (Rumanía) se lamenta por los efectos de una legislación en ese país que impidió, la pasada semana, que el expromotor Antonio Martínez, conocido por los sobrenombres de ‘El Melonero’ y ‘El Gitano’, pudiera traerse a sus dos hijas menores a Murcia a pesar de contar con la resolución favorable de la Justicia.

En una respuesta remitida ayer al abogado de Martínez, Ernesto Moreno Vázquez – perteneciente al despacho Pardo Geijo Abogados – , la Embajada española se refiere concretamente al artículo 912 del Código Procesal Civil rumano, que establece que un psicólogo debe explorar a los menores para conocer si desean marcharse con uno de los progenitores, por más que este haya ganado el caso en los juzgados. «Este artículo entorpece y en ocasiones imposibilita la ejecución de decisiones judiciales en el marco de la sustracción internacional de menores», se queja este organismo de la diplomacia española, que admite que «nos hemos enfrentado ya a situaciones similares y en muchos casos los ciudadanos españoles se han topado con los mismos impedimentos».

Ello ha llevado a la Embajada «a poner en conocimiento de las autoridades rumanas competentes, incluso a nivel político, el impacto negativo de ese artículo para la ejecución de decisiones judiciales y, en última instancia, sobre la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho».

«La conclusión razonable – admite – , en la que coincidimos todos, es que es necesaria una reforma legislativa de ese precepto».

Además, la Embajada no disimula su estupor ante la constatación de una serie de aparentes irregularidades que se produjeron cuando Antonio Martínez trató, la pasada semana, de que se ejecutara la orden de entrega de las niñas – secuestradas ilegalmente por su madre en 2015 – para su retorno a Murcia. «Ha habido varias circunstancias de la fallida ejecución del pasado jueves que nos han sorprendido, como el hecho de que se filtrase con anticipación a los medios de comunicación la fecha y la hora exacta, pese a que el tribunal había pedido que no se le notificara a la madre, así como que se prescindiera de los agentes de la Gendarmería (por parte del colaborador judicial que debía llevar a efecto la orden de entrega de las menores) y que la psicóloga no hablara con las niñas a solas, sino – algo completamente anómalo – en presencia de su madre y su abuela.

Sesiones de adaptación

En la respuesta al letrado de Antonio Martínez, la Embajada explica que el procedimiento legal a seguir consistiría en iniciar «una serie de sesiones de adaptación, a lo largo de un plazo máximo de tres meses, para ir preparando a las menores a la idea de su traslado de vuelta a casa. Al finalizar esa etapa se volvería a intentar la ejecución (de la sentencia)».

En paralelo, la abogada de Antonio Martínez reclamará que se imponga una multa a la madre, Simona S., por cada día que persista en su decisión de no entregar a las niñas.

Por último, el ente diplomático advierte de que no puede, «en ningún caso, ejercer presión alguna sobre los órganos judiciales rumanos», pero que ello no va a impedir que se solicite información permanente sobre las menores a los organismos de protección de la infancia del país, «con objeto de tratar de garantizar una actuación ecuánime y ajustada a Derecho en ese proceso de adaptación».