Es, quizás, la faceta de la política antiterrorista del Gobierno más oculta. El Ministerio del Interior, amante de las estadísticas sobre detenciones y operaciones yihadistas, nunca facilita datos oficiales sobre esta estrategia que, coinciden todos los responsables de la seguridad del Estado, está siendo «extremadamente eficaz». Son las expulsiones sumarias, por vía administrativa, de yihadistas a sus países de origen. Ya sean terroristas, captadores o colaboradores que han cumplido condena o simples sospechosos de simpatizar con postulados radicales del islam.Las más recientes estadísticas oficiales de Interior dan buena cuenta del volumen de estas deportaciones, que comenzaron a practicarse, de forma tímida entonces, tras los atentados del 11-M del 2004. Solo en el último decenio han sido expulsados 154 expresos de forma administrativa. Esto es, no porque la sentencia en sí ordenara su destierro tras su paso por prisión, sino usando los artículos 54 y 57 de la ley de extranjería que facultan al Gobierno a deportar a cualquier foráneo que incurra, siempre a criterio de la Administración, en una «infracción muy grave» por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países». De los 154 expulsados, 103 eran exreclusos condenados por pertenencia a banda armada o participación en atentados. Entre los deportados por esta vía están, al menos, cuatro de los condenados por la matanza de los trenes en Madrid. En 2014 fue repatriado a Marruecos Rafa Zouhier, el confidente que ayudó a la célula a conseguir en Asturias los explosivos. Este mismo año han sido desterrados otros dos exconvictos del 11-M, entre ellos, Youssef Belhadj, considerado el cerebro de los atentados, que en febrero fue trasladado, tras doce años de prisión en España, a Marruecos, donde se enfrenta a nuevos cargos.
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Pero las cifras de condenados por pertenencia a banda terrorista se han ido reduciendo en los últimos años con la eclosión del Estado Islámico. La inmensa mayoría de los detenidos en el último lustro lo ha sido por colaboración con esta organización, tanto por captación como por adoctrinamiento, autoadoctrinamiento o viajes a Siria e Irak.En el 2015 se reformó el Código Penal precisamente para poder castigar penalmente esas nuevas formas de terrorismo que antes no se contemplaban. El nuevo artículo 575 pena con prisión de dos a cinco años la «capacitación» propia, el «adoctrinamiento», el «adiestramiento militar», el proselitismo por cualquier vía de comunicación, el acceso a páginas yihadistas o la ayuda para viajar a una zona controlada por un grupo terrorista. Expulsión inmediataSon penas cortas que el Ministerio del Interior está completando, en el caso de extranjeros, con la expulsión automática e inmediata tras el cumplimiento de la condena. Las cifras son crecientes. En solo tres años, desde la entrada en vigor de la reforma, han sido deportados 51 expresos por cuestiones de «seguridad nacional». Solo el pasado año, 32 exreclusos yihadistas de segundo nivel (penas cortas del 575 del Código Penal) fueron llevados a la fuerza a su país de origen. En los siete primeros meses del 2017 han sido desterrados de España 14 exreclusos que fueron condenados por autoadoctrinamiento, captación, proselitismo en las redes o simplemente simpatizantes, casi siempre, del Estado Islámico.

Los mandos de la lucha antiterroristas están especialmente satisfechos con las crecientes expulsiones de estos yihadistas de segundo nivel, que fueron capturados sin planes de atentar en España y sin armas pero que, aseguran, eran potenciales lobos solitarios, que en cualquier momento podían haber dado el paso para intentar atacar en territorio nacional o en Europa.Pero si las expulsiones de los exreclusos yihadistas son una faceta desconocida de la lucha antiterrorista, aun más secretas son las deportaciones de sospechosos, jamás condenados, que también están siendo desterrados en aplicación de la ley de extranjería y su supuesta participación en actividades contrarias a la seguridad nacional. Sobre el volumen de estas expulsiones administrativas sumarias sin condena no hay datos oficiales, pero, según admiten los responsables de la seguridad del Estado, se están produciendo continuamente. Sobre todo, desde que a finales del pasado año el Supremo, tras años de deportaciones, diera su visto bueno al destierro de radicales islámicos aunque sean absueltos o se archiven las acusaciones contra ellos. Entonces, la Sala de lo Contencioso del Supremo avaló estos destierros administrativos basados en la ley de extranjería, dando la razón a la Audiencia Nacional, que en diciembre del 2015 ya había zanjado que librarse de una imputación delictiva no era suficiente para evitar la expulsión si hay indicios de amenaza para la seguridad nacional.El plan de Instituciones Penitenciarias para desenganchar a los presos no funcionaEl Ministerio de Interior se está volcando en las expulsiones sumarias de los yihadistas en cuanto abandonan la cárcel porque, entre otras cosas, está constatando que sus planes para rehabilitar a estos presos mientras están en prisión no están funcionando. El 25 de octubre del pasado año, Instituciones Penitenciarias puso en marcha el Programa de Intervención y Tratamiento de Procesos de Radicalización Religiosa, que, entre otras medidas, facilitaba la entrada en los centros de «imanes moderados» para alejar a los islamistas de las interpretaciones más radicales.Varios funcionarios fueron formados para este programa, sobre todo en las cárceles de Burgos y de Soto del Real, donde se concentran buena parte de los 270 presos por yihadismo (condenados y preventivos) en todas las prisiones españolas.El objetivo del programa era «contrarrestar las actitudes radicales que pudiesen favorecer la germinación de comportamientos potencialmente peligroso que trasciendan la mera estancia en prisión». Pero los propios técnicos, según reconocen responsables del plan, están constando que este proceso de desradicalización es inviable a corto plazo. Los expertos apuntan a que la gran mayoría de los presos son «inmunes» a la «contra narrativa» y que se necesitan entre siete y diez años para conseguir «cierta desvinculación», algo imposible en los casos de captadores o proselitistas que como máximo son condenados a cinco años.Los problemas de control de este tipo de internos ha sido denunciado por los trabajadores del centro penitenciario pontevedrés de A Lama, que en su día denunciaron a La Voz que los extremistas controlaban a la comunidad musulmana y les imponían sus propias normas
Presos yihadistas de A Lama imponen sus reglas al resto de reclusos islámicos
LÓPEZ PENIDE
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EMILIO MOLDES
Los funcionarios advierten de que carecen de formación frente a estos internosLos funcionarios de la prisión pontevedresa de A Lama han comprobado cómo en los últimos tiempos los reclusos yihadistas, unos veinticinco, coaccionan e imponen sus reglas a otros presos que profesan la religión musulmana. Es una realidad que ayer vino a confirmar el coordinador pontevedrés de la recientemente constituida plataforma Funcionarios de Prisiones Unidos, quien aludió al hecho de que, por ejemplo, «el Ramadán muchos lo siguen por presiones» de estos internos considerados como muy peligrosos. De hecho, muchos están clasificados como de primer grado, lo que implica el sometimiento a un régimen de medidas más restrictivas.