La dejadez y la negligencia de las autoridades europeas está provocando un enorme caos en el Mediterráneo con consecuencias aún imprevisibles. Las patrulleras libias, pagadas con dinero europeo, se han acostumbrado a abrir fuego, aunque, de momento, sólo al aire, para amedrentar a las embarcaciones de rescate que patrullan en aguas internacionales en busca de refugiados e inmigrantes a la deriva. Le sucedió ayer a la embarcación Golfo Azurro, de la ONG española Proactiva Openarms y lo han hecho con otros barcos recientemente, incluyendo uno de Médicos Sin Fronteras. No hay nadie que proteja a estas embarcaciones de las amenazas y las agresiones. Hoy los disparos son al aire, pero mañana nadie sabe dónde van a apuntar. La impunidad es total.
Otro de los actores que disfrutan de esa impunidad en este mar sin ley es la tripulación del barco C-Star, fletado por la organización xenófoba Generación Identitaria. Desde su llegada a estas aguas se ha dedicado a amenazar a las ONG con vigilar y monitorizar cada uno de sus movimientos. Y lo hace por el canal 16, el reservado sólo para las emergencias. Las ONG les han rogado que dejen despejada esa vía de comunicación para lo verdaderamente importante, el salvamento de personas en apuros. En su lógica racista, lo que menos les importan son los rescates sino el ruido y la propaganda. Si alguien ha intentado frenar estos abusos han sido los pescadores tunecinos de Zarzis, acostumbrados a recoger algún cadáver de vez en cuando en sus redes de pesca. Su cofradía impidió que entraran a puerto a repostar con un bloqueo. “No queremos un barco fascista en Túnez”, dijo su presidente. El C-Star se encuentra ahora fondeado cerca de la ciudad de Sfax. De fondo, la criminalización de las ONG que se está haciendo desde varios sectores de la política europea. El código de conducta impuesto por Italia a las ONG es sólo una parte de esa tendencia peligrosa que incluye la teoría del “efecto llamada” para culpar a las ONG de la llegada de inmigrantes, una idea que no tiene en cuenta las razones de fondo de estas migraciones: guerras, persecución o miseria. En este contexto, estos días en el Mediterráneo se dan situaciones kafkianas: la oficina central de Roma pide ayuda al barco de Proactiva Openarms, que acude al rescate este pasado fin de semana. A la deriva, tres libios en una embarcación a motor, algo bastante inusual. Cuando el navío pide desembarcarlos en puerto, ni Italia ni Malta lo permiten, aunque no da ninguna explicación para ello. ¿Pero no era Roma la que había pedido que se acudiera al rescate? La embarcación navega a la espera de que alguien ponga algo de sentido común y permita a la ONG ingresar en algún puerto. La primera víctima del caos y el acoso institucional es la ONG alemana Jugend Rettet, que se negó a firmar ese código de conducta y cuyo barco fue confiscado por las autoridades italianas por “favorecer la inmigración clandestina” con su nave Iuventa durante sus operaciones de salvamento en el Mediterráneo central. Otra de las ocho ONG que no firmaron ese código de conducta, que obliga a llevar un agente armado a bordo, fue MSF, cuyo protocolo no permite tener armas en sus embarcaciones y vehículos. La actitud del gobierno italiano ha cambiado desde hace meses. Si al principio se agradecía el trabajo de las ONG, ahora se las culpa de “hacerle el juego a las mafias”, al garantizar, al menos en un alto porcentaje, que los inmigrantes que ellos lanzan al mar van a ser rescatados por alguien. Las ONG lo tienen claro, porque no hacerlo sería dejarlos morir en mitad del mar. Casi 3.000 personas han muerto en lo que va de año en esa travesía, aproximadamente un 10% del total que intenta cruzarlo. Las cifras lo dicen por sí mismas: el presupuesto de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) ha pasado de seis millones de euros en 2005 a 254 millones en 2017. Europa gastó 17.000 millones entre 2014 y 2016 para frenar la llegada de refugiados e inmigrantes, mucho más de lo que costaría poner en marcha una misión de rescate comunitaria. Vigilar o salvar vidas: una cuestión de prioridades.
Crisis en el Gobierno italiano por la gestión migratoria
La gestión de la crisis migratoria en el Mediterráneo está pasando factura a la estabilidad del Gobierno italiano, ya frágil de por sí.
Dentro del Ejecutivo se han definido dos posturas enfrentadas respecto a la aplicación del código de conducta para los rescates firmado con las ONG. De un lado, la línea dura instalada por Interior, que defiende su aplicación al pie de la letra y que los barcos de las ONG no puedan transbordar inmigrantes rescatados a otros barcos y del otro, la apoyada por Transportes, contraria a esta medida y favorable a priorizar las normas internacionales de salvamento marítimo. Interior dicta las normas, pero Transportes tiene competencia sobre la Guardia Costera y los puertos.
El conflicto entre ministerios estalló después del transbordo de 127 inmigrantes de una nave de Médicos Sin Fronteras, que no ha suscrito el código de conducta, a otra de la Guardia Costera, respaldado por el titular de Transportes, Graziano Delrio.
El responsable de Interior, Marco Minniti, no acudió al último Consejo de Ministros y sonaron voces de dimisión. El presidente de la República y el primer ministro cerraron filas en torno a su labor y aunque no se ha producido un acercamiento entre ambas carteras, la tensión no ha escalado. / LORENA PACHO / Roma