Judith tiene 37 años, aunque fácilmente se le podrían echar 10 más. Justo el mes que viene se cumplen siete años desde que llegó a Estados Unidos desde la capital de Bolivia, La Paz.Judith dejó en su país dos hijos, uno de tres años, otro de dos.No ha vuelto a verlos desde entonces. Y sabe que es difícil que el reencuentro se produzca, al menos por ahora. Ella es uno de los 11 o 12 millones de ilegales – dos tercios de ellos latinoamericanos – que viven en EEUU. Así que no puede dejar el país sin exponerse a que no la dejen entrar.

Mientras tanto, sigue esperando un cambio en la Ley de Inmigración.Y mandando «unos pocos cientos de dólares a casa todos los meses, para mis hijos». De hecho, las remesas que los emigrantes envían a América Latina suponen un salvavidas para las economías de esos países. Según datos difundidos el jueves por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Bolivia recibe de sus expatriados dinero equivalente a ocho veces y media la inversión extranjera en el país. Ecuador obtiene de sus emigrantes 11 veces más que toda la ayuda al desarrollo que recibe. Si los emigrantes latinoamericanos fueran expulsados de EEUU y de Europa – según el BID, uno de cada cinco trabajadores en Madrid es de Hispanoamérica – no sólo no habría nadie para trabajar en la restauración o en la construcción de los países ricos. También las economías al sur del Río Grande se colapsarían.

«Los políticos hablan y hablan, y no hacen nada. Bush nos ha decepcionado. Los demócratas nos han decepcionado», explica Judith, antes de preguntar al periodista: «¿Usted cree que nos van a dar el green card esta vez?» El green card es el permiso de residencia, la llave con la que sueñan los inmigrantes en EEUU.

El debate iniciado esta semana en el Senado de EEUU sobre la Ley de Inmigración ha puesto a Judith en la balanza de la lucha política. Ella no puede influir en la discusión aunque, por primera vez, los latinos estadounidenses están mostrando su intención de participar en el debate. Si no en el Capitolio, sí en la calle.California y Texas han sido testigos de grandes manifestaciones de jóvenes reclamando la flexibilización de las leyes de inmigración.En muchos casos, esas movilizaciones han sido alentadas por los propios profesores. Aunque la reacción de los sectores nativistas de EEUU ha sido rotunda. «Los estudiantes de Los Angeles reclaman su derecho a violar la ley», ha declarado el comentarista de la cadena Fox News, David Asman que, para más ironía, habla español y en los años 80 ganó varios premios periodísticos por su cobertura de la actualidad latinoamericana.

La preocupación de Judith por el debate, y las manifestaciones de los jóvenes, revelan la toma de conciencia política de los latinos. «Nunca habíamos visto este grado de movilización», ha declarado a EL MUNDO Flavia Jiménez, analista de Políticas de Inmigración del Consejo Nacional de La Raza, el principal lobby de esa comunidad en EEUU. «No sólo están preocupados los inmigrantes ilegales. También lo están las personas que llevan muchos años residiendo aquí», añade.

Con un porcentaje de participación en las elecciones inferior al 50%, los inmigrantes estaban hasta ahora al margen de la vida pública. Eso, en parte, es inevitable. «Somos un grupo heterogéneo, que incluye desde puertorriqueños, que llevan décadas en el país, hasta ilegales que acaban de llegar», explica Cecilia Muñoz, vicepresidenta de La Raza. «Prácticamente la única definición de latino es que los demás nos perciban como tales», concluye Muñoz.

Ahora eso está cambiando. Judith paga sus impuestos y su Seguridad Social. De hecho, tiene un carné de la Seguridad Social – que en EEUU es lo más parecido a un DNI – aunque falsificado, previo pago de 400 dólares, en la calle Columbia, en Washington, junto al caserón abandonado que fue la residencia del embajador español hasta hace dos años. Así que su pregunta es, en el fondo, de una lógica aplastante: «Si puedo pagar los impuestos, ¿por qué no puedo recibir nada a cambio?».