Barcelona compra tres edificios de Ciutat Vella para evitar la expulsión de vecinos

La Vanguardia, , 24-07-2017

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes la compra de tres bloques de pisos de la calle Lancaster, en pleno barrio del Raval. Las viviendas sufren un notable déficit de conservación y sus arrendatarios denunciaban que iban a sufrir el mismo destino que la finca del número 13.

Ésta fue adquirida a finales del año pasado por el fondo inversor MK Premium, que liquidó todos los contratos de alquiler –menos el de una familia, que rechaza marcharse y ha interpuesto una querella por mobbing– para rehabilitar los pisos y volverlos a alquilar como viviendas de alto standing. La empresa anunció este mes de julio que ultimaba la compra de otro edificio en la misma calle.

Según el consistorio, se trata de una “decisión excepcional” motivada por la presión inmobiliaria que sufre el distrito de Ciutat Vella y para proteger el derecho a la vivienda de los vecinos afectados. La adquisición ha sido una compra – venta directa a la sociedad Olopte 92 SL –sin ejercer el derecho al tanteo y retracto, al haber en marcha otra transacción– y ha costado 5.658.512 euros. Permitirá sumar un total de 41 viviendas al plan de vivienda pública de la ciudad.

Los vecinos de esta fincas no serán expulsados de sus casas y podrán seguir pagando el alquiler sin miedo a que su edificio pase a pertenecer a otro propietario. El Ayuntamiento ha intervenido, remarca, para evitar que las fincas pasen a ser propiedad de compradores que en ocasiones tienen contratos fraudulentos y propician la gentrificación al encarecer las viviendas asequibles del barrio y expulsar de facto a los vecinos menos pudientes.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha celebrado la compra y ha valorado su simbolismo, en un post colgado este lunes en su perfil de Facebook. Ha señalado el contraste de la ubicación privilegiada de la calle Lancaster, “al lado de la Rambla, cerca del Palau Güell” con que las familias residentes “tengan contratos fraudulentos, ya que muchos se hicieron en su día como ‘estudio’ pese a que se usan de vivienda”. “Necesitamos una ley de alquileres que proteja a los inquilinos en vez de favorecer la especulación con la vivienda”, ha aseverado.

Los vecinos de la calle Lancaster advirtieron de la situación hace meses, como relató La Vanguardia
en este reportaje el pasado mes de enero. El Ayuntamiento razona la compra en que se dan dos requisitos clave: las fincas están situadas en una zona con fuerte demanda residencial y con una presión especulativa intensa.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha dejado claro que se trata de un caso singular –como argumentó en la finca de la calle Leiva, que adquirió tras las protestas por mobbing de los inquilinos– que se ha tomado teniendo en cuenta la problemática social concreta de estos edificios. Al ser una vivienda pública, los inquilinos pasarán a pagar una renta “asequible”, que variará en función de sus ingresos.

La regidora de ERC, Montse Benedí, ha valorado el anuncio de compra como “un mensaje de fuerza ante los fondos buitre”. “Es un paso adelante, porque evita la expulsión de 41 familias de Ciutat Vella, pero ahora toca resolver la situación de los vecinos del número 13 y 13 bis”, ha advertido en un comunicado, en el que recuerda que los republicanos ya pidieron en la comisión de Derechos sociales de junio una intervención municipal conjunta en los cuatro inmuebles.

La formación reclama ahora al Ayuntamiento de Barcelona que también adquiera este cuarto edificio, que pertenecía al mismo propietario que los tres bloques colindantes y que compró en 2016 el fondo MK Premium.

La finca fue objeto de polémica esta primavera, después de que la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, se refiriera en televisión a esta operación de ‘revalorización’ como un caso de “violencia inmobiliaria”, puesto que la empresa empezó a hacer obras de gran calado con una familia en el interior. Se trata de matrimonio de origen inmigrante y humilde, con un hijo de diez años y un bebé recién nacido. La compañía anunció entonces una demanda por injurias y calumnias contra la concejala y defendió que tenía todos los permisos para realizar las obras.

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