Un total de 62 personas, incluidos militares, policías y empresarios,
fueron condenadas hoy a penas de entre 4 y 94 años de prisión en un
juicio celebrado en Bangkok contra una red que traficaba con inmigrantes
indocumentados.

BANGKOK. Entre los condenados por el Tribunal de lo Penal de Bangkok se encuentran dos de los cabecillas de la red, el general del Ejército Manas Kongpan y Patchuban Angchotipan, hombre de negocios y ex alto funcionario de la provincia meridional de Satun.Según el tribunal, los condenados formaban parte de una “organización criminal transnacional” y fueron acusados, entre otros delitos, de tráfico y trata de personas, tenencia de armas, secuestro y homicidio.De los 103 acusados iniciales, uno murió durante el juicio y otros 40 han sido absueltos por el tribunal, quien ha impuesto una compensación de más de 4,4 millones de bat (130.000 dólares o 117.000 euros) para las víctimas.Los periodistas tuvieron que seguir la lectura durante más de 11 horas de la sentencia de 500 páginas a través de altavoces desde habitaciones separadas debido al gran número de acusados y a las estrictas normas de seguridad.Más de 200 testigos han comparecido en este proceso judicial, que comenzó en 2015 tras el hallazgo en el sur de Tailandia de varios campamentos clandestinos, con tumbas y 36 cadáveres, por los que habían pasado refugiados de la minoría musulmana rohinyá e inmigrantes bangladesíes.Los traficantes, incluidos varios birmanos y al menos un rohinyá, torturaban y abusaban de los inmigrantes, incluidos mujeres y niños, para exigir el pago de hasta 3.000 dólares a los familiares.Algunos inmigrantes fallecieron debido al maltrato, mientras que otros fueron vendidos como esclavos a barcos de pesca.El primer ministro y jefe de la junta militar tailandesa, Prayut Chan – ocha, pidió que el conjunto de los militares no fueran culpados por las acciones de uno solo, en referencia al general Manas, quien era uno de los mandos más altos en el sur del país.Otro de los líderes de la red, Patchuban, es un poderoso hombre de negocios y ex alto funcionario cuya familia cuenta con intereses comerciales en la turística isla de Lipe.Ambos han sido condenados a 27 y 75 años de prisión, respectivamente.La ONG Fortify Rights denunció que varios testigos e intérpretes han recibido amenazas durante el proceso ante la falta de protección policial.El policía tailandés que lideró la investigación que desencadenó el caso, Paween Pongsirin, pidió asilo en Australia a finales de 2015 debido a las amenazas que había recibido.Paween se encargó de las pesquisas tras el hallazgo, en mayo de 2015, de los restos de unos 36 inmigrantes, incluidos bangladeshíes y rohinyás, quienes murieron cautivos de las redes de tráfico.El descubrimiento de los campos clandestinos interrumpió el canal habitual de este tráfico humano que tiene como destino principal Malasia.Esto llevó a las mafias a abandonar a miles de indocumentados en embarcaciones que navegaron durante días a la deriva ante las reticencias de Tailandia, Malasia e Indonesia para darles acogida, en la peor crisis de refugiados que padeció la región en décadas.Los rohinyás son una minoría apátrida perseguida en Birmania (Myanmar), donde son considerados por las autoridades y gran parte de la mayoría budista como “inmigrantes ilegales” de Bangladesh, a pesar de que tampoco son reconocidos en este país vecino.El mes pasado, el Departamento de Estado de EEUU elevó a Tailandia del nivel 3 al 2 en su informe anual sobre Tráfico de Personas (TIP, siglas en inglés).En el nivel 2 se encuentran las naciones que, según Estados Unidos, no cumplen los estándares en la lucha contra la trata de personas pero realizan el esfuerzo por hacerlo.Tailandia no es firmante de los acuerdos para la protección de los refugiados de la ONU.