La directora de SOS Racismo Cataluña, Alba Cuevas, ha denunciado hoy que la Guardia Urbana ha protagonizado 44 casos de “abuso y vulneración de derechos” contra vendedores ambulante desde 2010 y ha instado al Ayuntamiento a “expulsar del cuerpo” a los agentes responsables.

En una rueda de prensa en la sede de UGT en Barcelona, Cuevas ha calificado estos hechos de “racismo institucionalizado” y ha alertado de que “la represión por parte de la Guardia Urbana, el Código Penal y la Ley de Extranjería” son un “cóctel altamente peligroso para los derechos humanos”.

De las 44 actuaciones policiales irregulares detectadas por la organización, la mayoría corresponden a acusaciones falsas de atentado contra la autoridad hacia los vendedores y agresiones físicas de los policías contra los manteros.

Asimismo, Cuevas ha incidido en que 8 de estos casos irregulares han tenido lugar bajo el mandato de la Barcelona en Comú de Ada Colau, y ha instado al consistorio a “identificar y analizar” dichos abusos y a cesar a aquellos “policías que tienen conductas racistas”.

“Hay una falta de voluntad en la parte formativa y de seguimiento de cómo son los cuerpos policiales democráticos de este país”, ha dicho Cuevas, quien ha lamentado que “una sociedad racista tiene una policía racista”.

La Coordinadora del Servicio de Denuncia de la entidad, Alícia Rodríguez, ha puesto el ejemplo de Manel, un vendedor ambulante proveniente del Senegal quien, según la organización, ha sido encausado en cuatro ocasiones por delitos de venta ilegal y atentado contra la autoridad tras “acusaciones erróneas y continuadas” por parte de la Guardia Urbana.

La abogada Lorena Antón ha explicado que, en casos como los de Manel, la policía no detiene al vendedor ambulante en el lugar de los hechos, sino que se hace de manera posterior mediante un reconocimiento fotográfico que “no respeta las garantías que requiere la ley para amparar a una persona”.

Asimismo, ha denunciado que los vendedores ambulantes “no gozan de credibilidad” ante los jueces de instrucción, quienes demuestran una “presunción de veracidad hacia la versión policial”.

SOS Racismo exige nuevas coberturas informativas que fijen la mirada en la “represión que sufren las personas dedicadas a la venta ambulante”, piden a los juzgados que “no utilicen el derecho penal para abordar la sanción de esta actividad” y a los gobiernos municipales les invitan a “cuestionar la gestión policial del conflicto y a explorar otras vías”.