WASHINGTON – Asimilación o rechazo. El futuro de casi 12 millones de inmigrantes indocumentados se dirime en el Congreso de Estados Unidos. De forma súbita, y para sorpresa de muchos, la bomba demográfica ha estallado. Este enorme desafío latente se ha convertido en el principal debate nacional. El consenso es tan necesario como difícil, en especial por la honda división de opiniones en el Partido Republicano, atrapado entre dos retóricas contrapuestas que sirven a distintas clientelas políticas.
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Después de varios días de movilizaciones masivas en la calle, el comité de justicia del Senado aprobó el pasado lunes, por 12 votos contra 6, una propuesta valiente y polémica que confirmó la fractura republicana. Por primera vez en años, millones de inmigrantes sin papeles, hispanos en su mayoría, vieron una perspectiva de salir de la penumbra y vivir con dignidad en EE. UU.
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El proyecto les ofrecería una vía para legalizar su situación a medio plazo e incluso acceder a la ciudadanía norteamericana. Tras pagar una multa de 2.000 dólares y los impuestos atrasados, y de comprobar que han aprendido inglés y no han tenido problemas con la ley, podrían obtener permiso de trabajo temporal y, seis años después, lograr la ansiada green card,la residencia permanente, antesala de la concesión del pasaporte norteamericano.
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Cuatro de los republicanos del comité votaron a favor y seis en contra. Entre quienes dijeron sí se hallaba su presidente, Arlen Specter. “No queremos crear una clase fugitiva en EE. UU.” , dijo este republicano moderado de Pennsylvania. Otro peso pesado del partido de Bush y probable candidato presidencial en el 2008, John McCain, respalda la generosa legislación hacia los inmigrantes y ha actuado en tándem con uno de los demócratas más liberales del Congreso, Edward Kennedy. El problema es que la propuesta del comité es interpretada como una amnistía encubierta por los republicanos más reticentes a abrir la mano. Consideran que premiar a los sin papeles incita a que millones más traten de cruzar clandestinamente la frontera. La Cámara de Representantes aprobó el mes pasado una propuesta muchísimo más dura. No preveía regularización laboral temporal – algo que apoya el presidente Bush – , criminalizaba a los sin papeles e incluía medidas como el endurecimiento del castigo a los empresarios que contraten a ilegales y la construcción de más de 1.000 kilómetros adicionales de muro en la frontera con México. El pleno del Senado trataba de ponerse de acuerdo ayer en una propuesta, que después deberá ser armonizada con la Cámara de Representantes.
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El debate posee gran carga emocional. Las masivas protestas – mucho mayores que las pacifistas organizadas en el tercer aniversario de la guerra de Iraq – hacen reflexionar a los políticos. Para el senador Mel Martínez, oriundo de Cuba, “este ha sido, en mi opinión, el primer tema que ha galvanizado a la comunidad latina como ningún otro”. La archidiócesis católica de Los Ángeles anunció que desafiará la ley si gana la versión dura de la Cámara de Representantes. El empresariado también presiona para legalizar a los inmigrantes, uno de los motores de la economía nacional.
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Los republicanos están divididos entre quienes, como McCain o Specter, creen que la legalización de los indocumentados resulta inevitable y a la larga positiva, además de ser consustancial con un país que lleva la inmigración en los genes, y los sectores más nacionalistas y conservadores, temerosos de enfrentarse con capas de población autóctona de bajo nivel social que se sienten amenazadas por la avalancha de personas que compiten en el mercado laboral y en recibir servicios sociales. Los miedos son atizados por gurús mediáticos como Lou Dobbs, desde la cadena CNN, que ha convertido su programa diario en un alegato contra la inmigración ilegal.
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Los republicanos son conscientes de su complicado dilema: gracias en parte a la habilidad de Bush, han sido capaces en diez años de doblar, del 20 al 40%, su cuota de voto hispano. Si se enemistan con la comunidad latina – primera minoría étnica y la de mayor crecimiento – el impacto electoral será muy negativo.
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