Decenas de miles de inmigrantes han salido de Tailandia en las últimas dos semanas tras la entrada en vigor de una nueva ley contra la contratación de trabajadores en situación irregular, informaron hoy fuentes oficiales.

La nueva normativa, que se aplica desde el 23 de junio, prevé multas para empresarios, contratistas y trabajadores de hasta 800.000 baht (23.500 dólares) por cada trabajador empleado sin permiso de trabajo.

Los medios locales muestran desde hace días imágenes de las largas colas formadas en los puestos fronterizos de Tailandia con Birmania y Camboya, con trabajadores en situación irregular que intentan regresar a sus países.

El subdirector general del departamento de Trabajo, Wiwat Jirapanwanich, dijo a Efe que desde que entró en vigor la ley han salido de Tailandia unos 29.000 inmigrantes sin permiso de trabajo.

El funcionario también aseguró que en el mismo período han entrado al país unos 60.000 con la documentación en regla.

El gobierno de Camboya cerró ayer una cuarentena de pasos fronterizos no oficiales que decenas de camboyanos utilizan a diario para trabajar en Tailandia, informó el diario Phnom Penh Post.

El primer ministro tailandés, Prayuth Chan-ocha, anunció ayer un período de gracia de 120 días para que los trabajadores regularicen su situación después de que varios empresarios se quejaran por la falta de mano de obra, según el diario Bangkok Post.

Prayut atribuyó la nueva ley a la necesidad de Tailandia de cumplir sus obligaciones internacionales, días después de que el país asiático fuera sacado de la peor posición en el informe anual sobre tráfico de personas del departamento de Estado de Estados Unidos.

En 2015 había 3,9 millones de trabajadores extranjeros empleados legal o ilegalmente en el país, la mayoría de Birmania (Myanmar), Camboya y Laos, según la estimación del gobierno.

Miles de trabajadores de estos tres países son empleados en Tailandia en sectores intensos en mano de obra poco cualificada como el agrícola, la industria pesquera o la construcción.

Tras el golpe de Estado de 2014, unos 100.000 inmigrantes huyeron del país ante el rumor de que el nuevo Gobierno militar impondría sanciones por contratar a trabajadores sin papeles.