La Diputación ha anulado el contrato de alquiler y derecho a compra que mantenía con los dueños del chalé de Nanclares donde pretendía abrir en un futuro un centro para menores no conflictivos, según ha podido saber EL CORREO. La decisión se produce casi cinco meses después de que el Departamento foral de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Iruña de Oca llegaran a un acuerdo que acabó con las movilizaciones de los vecinos contrarios a la polémica instalación. Portavoces del Gabinete Rabanera negaron ayer que esta medida suponga su renuncia a la apertura del nuevo hogar en el mismo municipio.

El área dirigida por Ainhoa Domaica considera innecesario pagar una renta por un edificio que en estos momentos está en desuso y sobre el que tenían un derecho a compra en un periodo de tres años. Cuando Asuntos Sociales decida cómo va a reorganizar su red de hogares para niños y adolescentes en situación de desamparo, «retomará el proyecto». Portavoces forales no ocultaron que este proceso puede prolongarse «muchos meses e incluso año y medio».

Para entonces, los dueños del chalé esperan haberlo vendido. La casa, equipada como residencia y adaptada para discapacitados, será puesta a la venta de manera inmediata, según los medios consultados. El Departamento de Asuntos Sociales, no obstante, se muestra tranquilo y asegura que si lo cree conveniente buscará «alternativas» en el mismo pueblo y «siempre en consenso» con el Ayuntamiento.

Un recurso polémico

El centro de menores de Nanclares ha estado rodeado de polémica desde que la Diputación anunciara en marzo del pasado año su intención de abrir en el pueblo el hogar Zabaltzen para menores extranjeros desprotegidos. Vecinos y partidos de esta localidad próxima a Vitoria se mostraron enseguida muy críticos con el proyecto. Temían que aumentara la conflictividad en un municipio que, decían, ya sufría los efectos de tener un centro penitenciario.

Los habitantes contrarios al traslado a Nanclares de los inmigrantes que ahora viven en en Vitoria en la Cruz Roja recogieron firmas y realizaron pintadas y manifestaciones. Incluso, llegaron a publicar pasquines donde se enumeraban algunos de los presuntos delitos cometidos por los menores. Meses después, esta actuación motivó la intervención del Ararteko, que investiga si desde el Ayuntamiento de Nanclares se ha vulnerado la ley de protección del menor al facilitar a terceros datos confidenciales.

Asuntos Sociales decidió al final reorganizar toda su red de hogares y prometió a Nanclares que al chalé sólo irían menores extranjeros y nacionales no conflictivos y en una fase avanzada de integración social. En estos momentos, la Diputación diseña nuevas rutas de inserción para estos chavales. Dada la saturación de la red actual de hogares, contempla abrir dos centros, el de Nanclares, de futuro ahora incierto, y un segundo cuya ubicación está por determinar.