Responsables de la operación, encabezados por la comisaria jefe de la unidad de delincuencia especializada de la Policía Nacional, Pilar Álvarez, han dado cuenta en rueda de prensa de los detalles de la Operación Transporte contra una organización dirigida por clanes familiares rumanos que llevaba operando tres años.

La red contaba para su actividad delictiva con empleados desleales en diferentes ámbitos, como teleoperadores de compañías telefónicas – siempre españolas – que trabajaban para éstas desde Latinoamérica y con repartidores de empresas de paquetería, colaboradores necesarios para poder llevar a cabo ese tráfico ilícito.

Álvarez ha explicado el “modus operandi” de la organización, que en una primera fase se dedicaba a hacerse con datos de identidad, domicilios y cuentas bancarias de clientes reales de operadoras españolas de telefonía.

Después, suplantaban esas identidades y en su nombre adquirían de forma fraudulenta móviles del tipo smartphone premium y cargaban los gastos a las cuentas de los estafados que, según las pesquisas, no lo denunciaban.

Además, aportaban domicilios de entrega falsos o inexistentes y a través de mensajeros captados antes, a los que pagaban entre 50 y 70 euros por teléfono, desviaban la mercancía a receptadores, fundamentalmente pakistaníes e indios, que los vendían a un precio 20 por ciento inferior al del mercado: unos 600 euros la unidad frente a los 800 que podría costar realmente.