La fiscalía reclama provisionalmente penas de hasta siete años y ocho meses de prisión para los tres integrantes de una red dedicada presuntamente a regularizar inmigrantes, a los que estafaban con el gancho de darles de alta en la Seguridad Social y lograrles el permiso de residencia y trabajo.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los acusados serán juzgados a partir de mañana y hasta el próximo jueves en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, que tiene su sede en Elche.

Uno de los sospechosos es el responsable de una empresa agrícola de Orihuela dedicada a la recolección de frutas y que se ofrecía a la tramitación de los permisos de los trabajadores extranjeros, y los otros dos son intermediarios que se encargaban de captar a los perjudicados.

La fiscalía sostiene que este entramado estafó a 75 inmigrantes entre los años 2004 y 2005 cantidades de oscilan entre los 400 y los 2.000 euros con la excusa de pagar gastos burocráticos y las cuotas de los seguros sociales.