El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió hoy que volverá a evaluar en su próximo período judicial un caso de suma importancia, en el que debe decidir si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente o si ha de fijarse un límite a la reclusión.

En contra de lo que se esperaba, el Supremo no emitió hoy una decisión sobre el caso y decidió que lo examinará de nuevo durante su próximo período judicial, que comenzará el primer lunes de octubre y concluirá en junio de 2018.

Cuando los jueces estudiaron este expediente, en noviembre de 2016, el Tribunal Supremo estaba incompleto, con solo ocho de los nueve jueces que deben conformar la corte, debido a la muerte en febrero de 2016 del magistrado conservador Antonin Scalia, cuyo puesto estuvo vacante durante meses.

Es posible que los jueces se vieran estancados en sus deliberaciones y, por eso, hayan decidido volver a estudiar el caso con la presencia de Neil Gorsuch, el magistrado que sustituyó a Scalia y que fue nombrado para el puesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El conservador Gorsuch podría representar el voto del desempate, en caso de que el Tribunal Supremo quede dividido en este caso entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas.

Este expediente es muy importante para el Gobierno de Trump, pues, si el Tribunal Supremo falla a su favor, podría ver ampliado su poder en política migratoria y gozaría de mayor discrecionalidad para mantener en centros de detención a los extranjeros sin límite de tiempo.

El caso cuestiona si los inmigrantes , como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho o no a una audiencia que examine su reclusión y pueda ponerles en libertad de manera provisional, mientras las autoridades deciden si deben ser deportados o pueden acogerse a algún tipo de asilo.

Este caso lo personifica Alejando Rodríguez, un hispano que en 2007 interpuso una demanda para acabar con el régimen de detención en el que llevaba tres años y finalmente consiguió que se celebrara una audiencia en la que un juez canceló su deportación y le permitió seguir residiendo en Estados Unidos.

Según datos del Gobierno, actualmente 39.000 personas se encuentran en centros de detención por haber llegado a Estados Unidos de manera irregular o haber cometido delitos mientras residían legalmente en el país.