Un naufragio cerca de las costas italianas en octubre de 2013 llevó a un fiscal antimafia siciliano a comprender que detrás se hallaba una red criminal de tráfico de migrantes cuyo jefe es un etíope al que aún no ha podido atrapar.

Aquel 3 de octubre de 2013, 368 personas murieron y 20 desaparecieron en las costas de Lampedusa. Habían huido del régimen del dictador eritreo Isaías Afewerki.

Pese a que las aguas estaban tranquilas, se declaró un incendio que empujó a los 550 pasajeros hacia un lado del barco, que terminó volcando.

Geri Ferrara, un fiscal antimafia de Palermo, se dio cuenta de que había que luchar contra quienes organizaban esos trayectos.

“Hasta entonces, las investigaciones sobre las llegadas de inmigrantes se limitaban a identificar a los traficantes”, rememora en entrevista con la agencia italiana ANSA.

“Escuché los testimonios desgarradores de los supervivientes y me hablaron de todas las fases de su viaje, empezando por el cruce del desierto para alcanzar las costas libias y la tortura y encarcelamiento antes de hacerse a la mar”, añade.

Ferrara organizó una reunión de varias agencias gubernamentales, donde “vimos que teníamos suficiente material de trabajo para llegar hasta los traficantes y averiguar quién estaba detrás de esos viajes”.

El fiscal descubrió que uno de los actores clave, el etíope Ermias Ghermay, había sido interceptado durante una investigación contra el narcotráfico emprendida por otra oficina de la Fiscalía.

Mediante el pinchado de su teléfono, los investigadores identificaron a sus “coroneles” y vieron que estaban ante una organización bien estructurada que lo gestionaba todo, desde el contrabando de personas en el desierto donde muchos eran secuestrados y liberados solo tras el pago de un rescate hasta su llegada a Libia, su estancia en prisiones libias y finalmente su viaje por mar.

Inmediatamente después de la tragedia de 2013 y gracias al testimonio de un superviviente, la Policía arrestó a un palestino y a un somalí que habían ayudado a organizar la travesía del estrecho de Sicilia que terminó en el naufragio.

El palestino Attour Abdalmenem fue condenado a 14 años, y el somalí Mouhamud Elmi Muhidin a 30 porque fue además encontrado culpable de violar a varias mujeres migrantes.

La investigación cosechó su primer gran fruto en junio de 2014, con la Operación Glauco, primera en la que no solo fueron detenidos pequeños traficantes, sino también “coroneles” de esta red.

Se trata de una de las mayores organizaciones criminales que controlan el tráfico humano en África y las estancias en Italia de los supervivientes, así como su eventual traslado al norte de Europa.

Ermias Ghermay, apodado “el padrino de todos los traficantes”, siguió libre.

El fiscal describe a Ghermay como un hombre avaricioso, cínico y rico. En una de las escuchas telefónicas, se le oye comentar: “El barco no llegó. Están muertos”.

Pero hubo otra tragedia, esta en abril de 2015, que marcaría un punto de inflexión en las investigaciones. En ese naufragio en el estrecho de Sicilia murieron unos 700 de los 900 ocupantes de un barco con migrantes.

Solo se pudieron recuperar del mar unas decenas de cuerpos.

Fue entonces cuando Weahbrebi Atta, que había sido arrestado en la Operación Glauco, se decidió a hablar.

“No puedo soportar seguir contando los cadáveres por los que soy responsable”, dijo a los investigadores.

La Operación Glauco 2 permitió identificar a 24 sospechosos. Dieciséis fueron encarcelados, mientras que los otros ocho, incluido Ghermay, siguieron huidos.

Entretanto, el fiscal de Palermo, Francesco Lo Voi, reunió a un grupo de expertos legales para sumarlos a las investigaciones sobre el tráfico humano.

Desde 2013, su oficina ha arrestado a más de 200 presuntos miembros de esta organización criminal que se lucra con el tráfico de migrantes.

“Considera el hecho de que, por cada barco que zarpa, entre 80.000 y 100.000 euros acaban en el bolsillo de los traficantes”, dice Ferrara.

Las investigaciones y detenciones llevaron, además, a que se formularan por vez primera cargos ante un tribunal italiano por “asociación criminal” para el tráfico de migrantes.

Por su trabajo, Ferrara ha sido nombrado experto del Consejo de Europa, pero él dice que quedan muchos retos por superar, desde los más “banales” como la falta de intérpretes a los más complejos como la cooperación internacional.

Los investigadores que usan escuchas telefónicas graban a menudo distintas lenguas y dialectos africanos y es difícil encontrar a intérpretes que traduzcan, aparte de que algunos potenciales traductores se niegan a colaborar por miedo.

En cuanto a la cooperación internacional, a veces la oficina del fiscal ha logrado trabajar con países con los que Italia no tiene un acuerdo formal de cooperación, lo que ha requerido, a decir de Ferrara, “un gran esfuerzo y entendimientos concretos”.

Un ejemplo es Sudán, que entregó al eritreo Yahdego Mehane, quien ahora es juzgado en Italia acusado de ser la “mano derecha” de Ghermay.

Pero en países como Libia, donde la situación política es volátil, Ferrara dice que es muy difícil saber cuál es su contraparte y, en otros, leyes específicas pueden obstaculizar una investigación.

Cita el caso de Noruega, donde las autoridades tienen la obligación de informar a los sospechosos cuando se necesitan copias impresas de sus conversaciones telefónicas, lo que representa “un evidente riesgo” para las investigaciones.

Está también el problema de las peticiones de ayuda a juzgados extranjeros cuando las escuchas telefónicas se han hecho fuera de Italia, así como el nuevo delito de inmigración ilegal que acaba de incorporarse en este país.

“El migrante que ha arriesgado su vida y pagado para llegar a Italia se encuentra bajo investigación y no puede ser tomado como testigo, sino que necesita un abogado y puede invocar su derecho a guardar silencio”, se queja Ferrara.