Los talleres de reparación de automóviles en Usera están siendo sometidos a una intensa campaña de vigilancia a raíz de varias denuncias vecinales. La Policía Municipal del distrito ha descubierto en los últimos 15 días irregularidades en al menos cinco de los siete talleres inspeccionados en las calles del barrio, varios de ellos regentados por ciudadanos chinos y dominicanos.

En los registros se han incautado 20 coches que carecían de documentación y se han requisado varios equipos de diagnosis y software piratas importados desde china para reprogramar los vehículos y cuyo uso puede dejar inactivas o desconfigurar varias de las funciones de seguridad del turismo. «Se trata de equipos que se compran por internet a un precio irrisorio de 200 a 700 euros —valen de 3.000 a 5.000 euros los originales— y que luego se van actualizando periódicamente», señalan fuentes policiales.

Los agentes consideran que estos establecimientos podrían llegar a incurrir en un delito contra la propiedad intelectual al manipular los coches con este tipo de dispositivos clandestinos. Muchos de los empleados no estaban contratados por lo que los dueños se enfrentan también a un delito contra los derechos de los trabajadores.

Esta campaña se produce después de que los residentes hayan denunciado que los vehículos son arreglados en la calle con el ruido y las molestias que eso origina. Además, se lavan los coches en la vía pública y se aparcan encima de las aceras, obstaculizando el paso de los vecinos y quitando sitio para estacionar coches de residentes. Las actuaciones de los agentes del distrito de Usera se han llevado a cabo en las calles de Nicolás de Usera, Olvido y Avenida de Orcasur y van a seguir en los próximos días.

Dos de los primeros talleres denunciados se encuentran en la Avenida de Orcasur y se enfrentan a una sanción administrativa que incluso podría acarrear el cierre de las instalaciones. En la intervención se incautaron de 12 vehículos que carecían de los seguros de responsabilidad civil y que no habían pasado la correspondiente ITV. Fueron retirados por la grúa municipal al depósito.

En los dos talleres descubrieron un presunto delito contra la propiedad intelectual al contar sin permiso con máquinas de diagnosis y un CD de instalación de software. Además se levantaron siete actas en materia de residuos peligrosos a la hora de manipular el aceite usado, los filtros, el líquido de frenos, los neumáticos y los disolventes. Además, uno de los talleres ejercía la actividad de lavado de vehículos sin presentar la autorización de vertido y sin la licencia de actividad correspondiente. Por último se le imputó también al dueño de uno de los dos locales por un presunto delito de los derechos de los trabajadores.

En un taller de la calle del Olvido, propiedad de un empresario dominicano, la Policía Municipal requisó ocho coches que no habían pasado la ITV y carecían de documentación. Se descubrió además que ejercía la actividad pese a que el local tenía orden municipal de clausura. El dueño carecía además de hoja de reclamaciones, libro de visitas e inscripción en el registro de talleres de reparación y en el registro de residuos tóxicos y peligrosos.

En el taller Wenzhou de la calle de Nicolás Usera también se imputó al dueño un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de propiedad intelectual por los equipos de diagnosis que tenían.

Igual sucedió con otro taller de la misma calle de Nicolás Usera donde además se descubrieron irregularidades por residuos absorbentes, baterías de plomo, filtros de aceite, anticogelantes y aceites usados. Asimismo, este negocio ejercía la actividad sin haber realizado el correspondiente cambio de titularidad en la licencia municipal.

El número de menores extranjeros no acompañados en la ciudad de Madrid y otros municipios aledaños se ha doblado desde 2016 con respecto a años anteriores, según la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que pusieron en marcha recientemente y de forma conjunta el Proyecto de Mediación Intercultural. A través de este proyecto, desde el pasado mes de enero, ambas instituciones han atendido a 154 menores, con el objetivo de garantizar su atención y facilitar su proceso de integración educativa, social, cultural y laboral en la sociedad. La mayoría de los atendidos son magrebíes.

Los Servicios de Protección de la Comunidad de Madrid brindan atención de «carácter inmediato» a todos los menores que son localizados por primera vez en la calle, siendo derivados a los centros de Primera Acogida Hortaleza e Isabel Clara Eugenia. Posteriormente los menores pasan a residir a otros recursos residenciales, fundamentalmente en el Centro de Adaptación CACIS Manzanares.

Gracias a este proyecto se ha observado una reducción de menores extranjeros que se sitúan al margen del sistema de protección, y se ha reducido el número de menores que pernoctan en el parque cercano a dichos centros de acogida.

Las actividades realizadas por el proyecto son la prestación de servicios de traducción e interpretación, seguimiento y fomento de la convivencia pacífica y el respeto de las normas del centro, talleres de prevención de consumo de drogas y talleres socioeducativos, así como gestión de llamadas telefónicas y contacto con las familias para solicitar la documentación de los menores.

Para mejorar el impacto del plan, Comunidad y Consistorio acordaron constituir una comisión de seguimiento del proyecto, que se reúne mensualmente. Y, además, se está intensificando el trabajo con algunos de los menores, en un número reducido, que no aceptan la intervención educativa de los sistemas de protección.

Este proyecto tiene como novedad permitir que los mediadores interculturales que tiene el Ayuntamiento, en colaboración con Cruz Roja, realicen un trabajo en los propios centros residenciales con la finalidad de garantizar la atención integral de los menores y mejorar la coordinación entre todos los profesionales que trabajan con estos menores.

Debido al aumento de menores extranjeros no acompañados, la Comunidad amplió en 18 las plazas residenciales de atención a menores extranjeros, divididas en dos recursos residenciales específicos: Carabaña y San Martín de Valdeiglesias.