Si algo se puso de relieve con el paso del circo Vienna Roller por la comarca, fue que las asociaciones animalistas y protectoras no limitan su actividad a recoger perros y gatos de la calle y que no se trata de personas aburridas con mucho tiempo libre, pero que carecen de un discurso sobre el que sustentarte. Las concentraciones y acciones informativas que realizaron en los pasados meses contra el uso de animales salvajes en espectáculos dieron fe de ello, independientemente de que el lector considere que tenían razón o no. En aquel momento, desde un segmento considerable de la ciudadanía se esgrimió una buena cantidad de argumentos para contestar a estos colectivos, como puede ser la obstaculización del ejercicio profesional de los trabajadores circenses, que rápidamente fue replicada en las redes sociales con informaciones del año 2013 de un diario de tirada nacional, que recogía una operación policial italiana contra esta firma y otras 17 más por contratar a inmigrantes ilegales. Sin embargo, de entre todas las cosas que se tocaron en la red y en los acalorados debates no logré encontrar ninguna mención al anteproyecto de la Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia. Esta nueva normativa soluciona de un plumazo los problemas de competencias de los concellos que habían adoptado la declaración de municipio libre de exhibiciones en las que se emplease fauna salvaje. Básicamente porque las prohíbe, lo que viene a significar que solo había que esperar a que la Xunta tomase cartas en el asunto. Mas ya conocen el dicho: «O que parte e reparte, sempre leva a mellor parte». Cuando los animalistas pensaban que por una vez habían ganado una batalla, entre puntos de la ley que sancionan atrocidades como cortarle el rabo o las orejas a animales por cuestiones estéticas se ha colado uno especialmente controvertido, y es que la Administración multará a particulares que recojan a animales en la calle sin autorización con cuantías que irán de 500 a 5.000 euros. Las suspicacias, que apuntan hacia el rendimiento económico de ciertas empresas privadas que gestionan esta actividad en algunas ciudades, no tardaron en aflorar. Por mucho que se aluda al control y a la seguridad por parte del Ejecutivo, es un rotundo mazazo al tejido colaborativo que conforman centenares de individuos altruistas y que se había venido hilando en la última década a base de esfuerzo, movilización y organización. Al menos lo podrían haber tenido en cuenta. Miento. ¿Cómo no iban a tener en cuenta a esos pesados que quieren sacar a los toros de los ruedos? El activismo siempre ha tenido y tendrá un precio. En esta ocasión, el propio hecho de ejercerlo.