La corrupción y la porosidad de las fronteras alimentan la inmigración ilegal, mayoritariamente económica, en el Sudeste de Asia, donde las redes mueven también a personas que huyen de conflictos como el afgano o de persecuciones como la del pueblo rohinyá en Birmania.

Un 80 % de los que cruzan ilegalmente las fronteras lo hacen con la ayuda de traficantes, un negocio que mueve en Asia unos 2.000 millones de dólares (1.780 millones de euros), según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Este contrabando involucra un amplio abanico de actores, empezando por lugareños de zonas fronterizas que han sido recomendados por otros clientes y que se sacan un dinero extra con el transporte de personas que buscan cruzar la frontera ilegalmente.

En el otro extremo se encuentran los especialistas que ofrecen documentos falsos y conocen a los funcionarios aduaneros que a cambio de sobornos permiten la salida del país de personas sin documentos.

“La corrupción es literalmente el lubricante que permite que giren las ruedas”, dijo la experta en tráfico de personas en el Sudeste Asiático Fiona David a la agencia australiana AAP.

Una gran parte de estos inmigrantes son hombres jóvenes que buscan mejores oportunidades económicas.

También hay un número significativo de personas, incluidos mujeres y niños, que huyen de conflictos como los de Afganistán, Irak, Siria, o de la persecución que, por ejemplo, sufre en Birmania (Myanmar) la minoría musulmana rohinyá, considerada apátrida por la ONU.

La emigración económica es “de lejos” la mayor en el Sudeste Asiático, mientras que la motivada por los conflictos, que actualmente suman 60 millones de desplazados en todo el mundo, supone en la región unos 3 o 4 millones de personas, precisó David.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2,5 millones de trabajadores asiáticos migran cada año para trabajar bajo contrato en otros Estados, principalmente del golfo Pérsico pero también en otras naciones de Asia y en Europa y América del Norte.

Por lo que respecta a los flujos irregulares, David calculó que sólo en Malasia hay entre 2 y 3 millones de indocumentados.

“La mayoría no serían refugiados, muchos de ellos serían indonesios comunes y corrientes buscando un trabajo mejor”, dijo.

Los migrantes, que pueden llegar a pagar hasta 10.000 dólares (8.900 euros) por sus viajes aéreos a países como Estados Unidos y Canadá, se exponen a duras travesías por tierra o en embarcaciones precarias con miras a alcanzar las costas de Australia o Nueva Zelanda.

“Los que tienen dinero o piezas de oro pagan a los traficantes para que los saquen por vía aérea y aquellos que no tienen lo intentan por carretera”, explicó Mohammad Idris, un rohinyá recluido en uno de los campamentos de esta minoría en Bangladesh, a la agencia francesa AFP.

Miles de rohinyás se han visto empujados a huir de Birmania a causa de la discriminación que sufren por parte de las autoridades, agravada por varios brotes de violencia sectaria con la mayoría budista del estado de Rakáin, donde vive el grueso de este colectivo.

Unos 75.000 se refugiaron en Bangladesh tras una operación de castigo que el Ejército birmano inició tras un atentado el pasado octubre y quedaron confinados en campos de refugiados pese a que las autoridades bangladeshíes no los reconocen como tales.

El intento de llegar a otro país por vías irregulares y con la ayuda de las redes de tráfico es una apuesta incierta que a menudo deja a muchos de los migrantes en centros de detención en los países de tránsito, expuestos a la explotación laboral o sexual, o incluso la muerte.

En 2015 quedó al descubierto una red de campos de internamiento en la frontera entre Tailandia y Malasia en la que miles de migrantes, la mayoría rohinyás y bangladeshíes, eran retenidos en condiciones precarias mientras las mafias exigían a sus familias más dinero para completar su viaje.

Un operativo policial permitió descubrir alrededor de estos campos en el sur de Tailandia 28 tumbas con los supuestos restos de inmigrantes, y al menos media docena más en el lado malasio de la frontera.

La operación interrumpió el flujo terrestre de estos inmigrantes y dejó a miles de ellos varados en barcos en alta mar, abandonados por las mafias, en la mayor crisis de refugiados en años en la región.

Cerca de un centenar de personas fueron detenidas en Tailandia por su supuesta implicación en esta red de tráfico, incluidos altos funcionarios, policías y militares, quienes están siendo procesados por la justicia del país.

Pero esa operación no logró detener el tráfico humano sino que obligó a las mafias a variar sus estrategias.

Actualmente estas operan nuevas rutas desde Bangladesh por aire y por tierra mediante pagos que se hacen a través de dispositivos móviles y mecanismos para distribuir el dinero difíciles de rastrear.

“Las redes de traficantes multinacionales están al alcance con una llamada telefónica”, explicó a AFP el experto en migración Jalaluddin Sikder, de la Unidad de Investigación de Movimientos Migratorios y Refugiados de Dacca.

Las autoridades de Bangladesh trabajan en la identificación de las rutas que usan los traficantes para sacar a los rohinyás de ese país, mientras estudian confinar a unos 400.000 miembros de esta minoría en una isla del golfo de Bengala.

INDONESIA, UN LIMBO ANGUSTIOSO PARA PETICIONARIOS DE ASILO

Indonesia, otrora punto de embarque hacia Australia, acoge alrededor de 14.000 solicitantes de asilo y refugiados que viven de forma temporal en ese país, sin poder trabajar y sin la posibilidad de permanecer allí porque el país no es signatario de la Convención de la ONU para los Refugiados.

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) ha otorgado a 8.000 de ellos el estatus de refugiado, mientras el resto está a la espera de que se les pueda encontrar un país de acogida.

La situación para ellos se hace más crítica a raíz de la crisis migratoria que afecta principalmente a Europa como receptora y el auge de discursos antiinmigración como el del presidente estadounidense, Donald Trump, así como las políticas férreas en la región, como las de Australia.

Uno de los que vive en un angustioso limbo es Mohammad Baqir Bayani, miembro de la discriminada minoría hazara de Afganistán, quien contactó con unos traficantes en 2015 tras un ataque de un grupo armado en el que murieron cinco personas, incluyendo su padre.

Bayani y su familia pagaron 50.000 dólares (44.600 euros) para viajar por avión a Indonesia, vía la India y Malasia, en un trayecto en el que recibían órdenes de los traficantes por teléfono a la espera de su próximo movimiento.

“Había empleados en el aeropuerto (…) simplemente estábamos sentados y ellos venían hacia nosotros, tomaban nuestro equipaje y los seguíamos”, relató Baqir Bayani a AAP.

Los traficantes les dijeron que tenían que esperar un año en Indonesia para ser reubicados en un nuevo hogar, pero casi dos años después esta familia está varada y sin recursos, por lo que la opción fue acudir a uno de los hacinados centros de detención.

El director general de Inmigración de Indonesia, Ronny Sompie, dijo que estos centros están desbordados con “inmigrantes ilegales” cuyo número aumentó cinco veces más que en los siete años previos.

Tanto Indonesia como la ACNUR le han pedido a Australia que levante una prohibición de aceptar refugiados actualmente en Indonesia vigente desde junio de 2014.

Indonesia y Australia son socios en el foro Proceso de Bali, fundado en 2002 y que aglutina a 45 países y tres organismos internacionales, para cooperar y luchar contra el tráfico humano y de migrantes en el Asia-Pacífico.

Australia ha militarizado la vigilancia marítima con la llamada Operación Fronteras Soberanas y obliga a los barcos con solicitantes de asilo a retornar a sus puertos de embarque.

La política australiana “ha violado de alguna manera nuestra soberanía, nuestras aguas territoriales”, dijo el ministro de Exteriores de Indonesia, Andy Rachmianto.

“Es por eso que les recordamos a nuestros amigos que esta clase de política entorpecerá las relaciones bilaterales entre Indonesia y Australia”, añadió, en entrevista con AAP.