No se sorprende Joseba Zalakain por la controversia que siempre despierta el sistema de ayudas sociales en general, y la RGI en particular, «un debate que viene desde al menos el siglo XVI y que también se da hoy en países como Francia, Alemania o Reino Unido». Pero sí templa con su discurso la lectura de la propuesta de reforma de la prestación social. El director del centro de Documentación y Estudios SIIS, referencia en política social, participó en la anterior legislatura en la comisión técnica que elaboró el informe cuyas principales medidas han sido recogidas por el Gobierno Vasco.

Cáritas ha reclamado al Gobierno vasco que lidere la puesta en valor social de la RGI. ¿Cree que se debería prestigiar más y mejor?

El informe diagnóstico que se ha presentado contribuye a mi juicio a prestigiar y poner en valor este sistema. El diagnóstico destaca la contribución del sistema de RGI a la reducción de la pobreza en Euskadi y el impacto positivo que ha tenido desde el punto de vista de la cohesión social e, incluso, del crecimiento económico. El informe también destaca que la experiencia vasca es homologable a la de la mayor parte de los países de Europa, que tienen niveles de gasto y condiciones de acceso similares a los de la RGI, y problemas de gestión parecidos.

¿Cuánto de recorte y cuánto de mejora contiene la propuesta?

No creo que se pueda hablar de recortes, en relación al menos a la situación que ‘de facto’ existe en la actualidad. Es cierto que se intensifican algunas medidas de control, por ejemplo en cuanto al uso del dinero o la residencia efectiva. Esas medidas pueden complicar la gestión de la prestación e introducir un cierto margen de discrecionalidad, pero son también necesarias, sobre todo para que quienes no pueden acceder a la prestación sepan que los requisitos de acceso se aplican a todos por igual. Y creo que, junto a esas medidas, hay otras que suponen un avance innegable en la trayectoria histórica de la RGI.

El punto más controvertido ha sido la idea de conceder una RGI por vivienda. ¿Esperaba que se formara tal revuelo?

Me da la impresión de que hubo una cierta sobreactuación por parte de algunos agentes, que respondieron más a la propuesta de reforma que esperaban que se hiciera que a la que realmente se hizo. Esa medida, en concreto, no se entendió bien y quizá se subrayó por ser una de las menos esperadas.

¿Hay intención de recortar?

No lo creo, aunque tampoco puedo opinar sobre la intención de unas medidas que en última instancia han sido decididas a nivel político. Lo que sí puedo decir es que la medida en cuestión fue propuesta por la comisión técnica y que incluye una serie de excepciones que la acercan en la práctica a la situación actual. También creo que esa medida es inseparable de la mejora propuesta en la determinación de las cuantías y que supone un avance desde el punto de vista de la simplificación de la gestión y de la prevención de agravios comparativos.

Ampliar la protección

La controversia ha arrinconado otras medidas de calado. ¿Cuál de ellas destacaría?

La mejora en el cálculo de las cuantías, sobre todo en el caso de las familias con hijos, es fundamental. También la eliminación del límite temporal para el complemento salarial, la reducción en algunos casos del periodo de empadronamiento, la prescripción de los cobros indebidos o el acceso a la RGI de personas con cierto nivel de patrimonio. Todo ello supone ampliar la protección que hoy ofrece el modelo. Además, destacaría la propuesta de devolver a los servicios sociales su papel central en el acompañamiento de las personas en situación o riesgo de exclusión que perciben la RGI, si bien para ello es necesario dar a los ayuntamientos más recursos económicos, técnicos y organizativos.

También se abre la puerta a atender desde las Haciendas a determinados perceptores.

Es una idea muy interesante que se hace, sin ir más lejos, en Navarra a través de una especie de impuesto negativo. Esto permitiría un sistema más ágil y normalizado, y podría extenderse a otras prestaciones, como las de familia. En todo caso, también hay que insistir en las medidas que no se contemplan y que sí se están aplicando en otros lugares: restricciones a los inmigrantes irregulares, formas estrictas de contraprestación, límites temporales… En esta propuesta no se plantean reformas de ese tipo.

¿Qué medida echa en falta?

La propuesta se centra en la RGI. Pero el modelo vasco de protección social no se limita a la RGI. Tenemos que seguir reflexionando sobre otros servicios y prestaciones, como las AES, la política de vivienda, la fiscalidad, los servicios sociales, las prestaciones familiares, y también, lógicamente, sobre el mercado de trabajo. La reflexión más importante, en todo caso, se refiere a la creciente insuficiencia de las prestaciones estatales, como las pensiones de la Seguridad Social o los subsidios por desempleo. Pero queda fuera del alcance del informe.

¿Cuál eliminaría?

Más que eliminar medidas, relativizaría la idea de que el empleo es la única solución a los problemas de exclusión social. El empleo de calidad es la mejor forma de protección frente a la pobreza y la exclusión, pero hay personas para las cuales el empleo no va a ser ya una alternativa real, y menos el empleo precario que hoy mayoritariamente se crea. Hay que insistir en la implicación de las empresas y de la economía solidaria en la generación de oportunidades de empleo de calidad para los perceptores de la RGI, pero también ofrecer alternativas a las personas que no puedan acceder a esos empleos. Ahí, el papel de los servicios sociales y de las entidades del Tercer Sector es clave.

Renovar el consenso social

El 48% de los vascos cree que el problema del fraude está muy extendido. ¿Contribuye la reforma a combatir esta percepción o sigue poniendo el foco en el problema con más medidas de control?

La percepción de la ciudadanía en relación a la RGI es un poco contradictoria. Por una parte, el 35% de la población es partidaria de endurecer los criterios de acceso; pero, al mismo tiempo, solo el 20% cree que haya que reducir el gasto. En todo caso, yo destacaría el apoyo de la población juvenil a la prestación.

¿Se ha presentado un documento menos ambicioso de lo deseado para que se pueda aprobar por la mayoría parlamentaria?

No lo sé, pues las decisiones políticas se han tomado a nivel político. Tampoco sé si es un documento poco ambicioso; desde luego, creo que es en gran medida continuista y que pretende mantener y mejorar un sistema que ha funcionado bien, garantizando su sostenibilidad económica y social. Además, insistiría en que en esta propuesta se recogen buena parte de las medidas que plantearon en su día los técnicos y que, en términos políticos, se sitúa en una posición de centralidad. Frente a quienes desprecian, por excesivo o por insuficiente, el esfuerzo que la sociedad vasca ha realizado para prevenir la pobreza, creo que estas propuestas podrían ser la base para renovar el consenso social y político en relación a la RGI. En ese sentido, me parece muy positivo el talante constructivo que han puesto de manifiesto algunos parlamentarios y parlamentarias.