VITORIA. DV. Al deterioro estructural de las cárceles vascas en general, y de las de Martutene y Nánclares de la Oca en particular, reconocido por la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, la oficina del Ararteko ha añadido la falta de recursos humanos y equipos profesionales de tratamiento que permitan una atención personalizada del recluso a fin de garantizar su reinserción, una circunstancia que, tal y como indicó ayer el Ararteko, Iñigo Lamarca, «no se está garantizando debidamente».

«Sólo priorizando el tratamiento sobre la mera custodia y el mantenimiento del orden interno puede empezar a mejorar la situación de las prisiones», según recoge el informe que anualmente elabora el Defensor del Pueblo Vasco y que ayer fue registrado en el Parlamento Vasco. El documento, presentado por Lamarka, además de hacer una mención especial sobre la situación de las prisiones vascas como resultado de las visitas y de las entrevistas mantenidas durante el último año, cuestiona el actual modelo penitenciario al recordar que existen penas alternativas a la privación de libertad.

«Esfuerzo»

Aunque, tal y como señala, la responsabilidad principal del sistema penitenciario recae en la Administración central, que es la que tiene la competencia, el Ararteko recuerda que la obligación de que las penas privativas de libertad sean un medio para la reinserción social atañe a todos los poderes públicos. Por ello, pide un «esfuerzo» al Ejecutivo vasco para solucionar las «deficiencias detectadas» en los servicios que son de su competencia, como por ejemplo el traslado de las personas presas y la vigilancia en las unidades de custodia especial en los hospitales. También le insta a «articular recursos» que no sólo eviten la entrada en prisión, sino que favorezcan la salida de los presos. Así ,citó los centros específicos para personas con enfermedad mental y otras dolencias graves, las unidades de régimen abierto, los centros de tratamiento y rehabilitación de toxicomanías o las medidas específicas de inserción laboral.

La situación en las cárceles no es el único problema que se aborda en el extenso informe de cerca de mil páginas. Y es que, a lo largo de 2005 la institución recibió un total de 1.459 quejas ciudadanas, de las cuales casi la mitad iban dirigidas a los ayuntamientos, un tercio al Gobierno y más del 10% a las diputaciones.

Llamada de atención

Pese a reconocer que el 96% de las administraciones han sido receptivas a los requerimientos del Ararteko, Lamarca sacó la tarjeta roja al Ayuntamiento de Bilbao, al Departamento de Interior y a la Junta Administrativa de Ereña (Álava) por no haber respondido a sus reclamaciones. «No admito la callada por respuesta», indicó Lamarca, que consideró necesaria la colaboración de las instituciones para acortar el procedimiento de respuesta de las quejas que, a su juicio, «no debe ir más allá de los tres meses».

El área de Urbanismo y Vivienda, junto con el de Obras Públicas y Servicios, encabeza el número de reclamaciones ya que suponen el 31% de las 1.093 quejas tramitadas en 2005. El Ararteko se hizo eco del aumento de las quejas de temas relacionados con la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda que será objeto de un informe monográfico.

Por otra parte, la institución plantea seis recomendaciones entre las que destacan las dirigidas a los ayuntamientos a fin de mejorar el procedimiento de inscripción y caducidad en el padrón de los inmigrantes y la cesión de datos a otras administraciones públicas. De igual manera, se hace un llamamiento a las administraciones para que las subvenciones a asociaciones «no lleguen tarde». También se reclama que no se pongan «trabas» a que los perros guía puedan acompañar a la persona discapacitada en todo momento y lugar.