La operación vinculada inicialmente a un fraude en el cobro de subsidios sigue abierta con 148 detenciones y 15 provincias afectadas, y no se circunscribe a la compra de peonadas, sino que se refiere al favorecimiento de la inmigración ilegal, la falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, quien ha explicado que la investigación se inició en torno al pasado mes de mayo y partió de la oficina de extranjería de Granada.

Sanz ha desvinculado la operación de un asunto relacionado exclusivamente con la supuesta compra de peonadas. “Es mucho más amplia y no vinculada exclusivamente a esa cuestión”, ha indicado el delegado sobre la desarticulación de la organización criminal, que había montado un entramado de contrataciones ficticias, ha explicado.

Los ciudadanos extranjeros recibían documentación, con la cual obtenían permisos de residencia, certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas falsas.

Luego se producían altas fraudulentas en la Seguridad Social, según Sanz, que ha informado de que la operación, dirigida por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, afecta a una quincena de provincias españolas y se ha saldado de momento con 148 detenciones.