La Policía Nacional ha detenido a 148 miembros de una red que proporcionaba documentación falsificada a extranjeros para que regularizaran su situación en España y para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social. A través de un comunicado, la Policía ha informado del método que utilizaba la organización, que elaboraba contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas para adecuarlos a los requisitos exigidos para obtener autorizaciones de residencia.

La investigación se inició en el mes de mayo de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de irregularidades en la solicitud de autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad marroquí. Tras llevar a cabo una serie de gestiones, se comprobó la existencia de una organización criminal que, a través de un complejo entramado de contrataciones ficticias y falsedades documentales, llevaba a cabo diversas actuaciones delictivas que se extendían a un elevado número de provincias.

Hasta el momento han sido detenidas 148 personas, de las cuales la mayor parte (105) residían en Granada. Además, se suman a ellos los integrantes de la banda de Murcia (23), Jaén (11), Almería (3), Ciudad Real (3), Sevilla (1), Lleida (1) y Badajoz (1). Facilitaban principalmente la documentación falsificada oportuna para la regularización de ciudadanos extranjeros en nuestro país mediante la obtención de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales – arraigo social – y la reagrupación de sus familiares hacia nuestro país.

Medio millón de euros

La Policía identificó y detuvo en Granada al máximo responsable de la organización – un empresario que utilizaba sus propias cuentas de cotización en el Sistema Especial Agrario y en el Régimen General para dar de alta ilegalmente a trabajadores – – , y a dos de sus colaboradores. También se practicaron dos registros en los domicilios de los principales investigados, en los que se intervino numerosa documentación. Se estima que el principal investigado pudo obtener un beneficio de medio millón de euros, tanto del fraude directo al erario público, como del importe cobrado a los inmigrantes irregulares por facilitarles los documentos falsos.E

La segunda fase del dispositivo – – en la que participaron más de 100 agentes – llevó a cabo la identificación, localización y detención de los beneficiarios de los procedimientos de reagrupación familiar y del uso de los documentos falsificados. Los arrestados pagaban entre 1.000 y 5.000 euros en función de los diferentes trámites que requerían. La cantidad percibidas de forma indebida por los detenidos asciende a unos 800.000 euros.