Pamplona – El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, señaló que tanto el Gobierno como los ayuntamientos que implementaron el nuevo programa de ayudas de “emergencia” instaurado en 2015 están aplicando las recomendaciones del informe de Comptos (incluidos posibles reintegros) para evitar presuntas irregularidades o “disfunciones” de gestión que, en todo caso, circunscribió a menos del 2% (un 1,7%, según el estudio) ya que solo una de cada diez de las 4.654 unidades beneficiarias tuvieron acceso a la vez a estas nuevas ayudas de choque (2.905) y a las antiguas llamadas “extraordinarias” (1.212) con lo que las teóricas duplicidades, en el “improbable” caso de que “todos los expedientes estuviesen mal tramitados” solo podrían afectar al 11,5% de las mismas, una parte mínima de los 2 millones invertidos. Laparra, por el contrario, puso en valor los efectos positivos de esta extensión de la cobertura social impulsada por el Gobierno del cambio para familias que están en una situación extrema (sin luz, pendientes de un desahucio, falta de alimentos…), pese a que recibió duras críticas de UPN, PSN y PPN basándose en el mismo informe de Comptos. El vicepresidente recibió el apoyo de Geroa Bai, Bildu, Podemos y E – I.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, basó su intervención en el compromiso político por los sectores sociales vulnerables, en que la gestión de las medidas se ha ido mejoraron en 2016 y 2017 y, finalmente, en que “los números y los datos expresan que estas ayudas eran necesarias” desde de un punto de vista de la “rapidez y la eficiencia”.

Aunque no se entró a cuestionar los datos, las argumentaciones no fueron compartidas por los grupos de la oposición. UPN (García Malo) habló de gestión “chapucera” y de posibles “responsabilidades contables” por unas medidas que no aportaban mejoras sobre las vigentes. La socialista Nuria Medina, por su parte, criticó “la deficiente gestión y la falta de transparencia respecto a las ayudas”. Finalmente, la parlamentaria del PPN Ana Beltrán acusó a Laparra de ser “el consejero más político y que menos se preocupa de la gestión”.

En el otro lado de la balanza, Laparra recibió el respaldo de los grupos del cambio. Isabel Aramburu (Geroa Bai) defendió que “la convocatoria de las ayudas de emergencia eran necesarias en 2015”, ya que “los mecanismos que existían no eran capaces de hacer frente a esa necesidad”. Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde señaló que, al hablar de ayudas sociales, “el principal problema” de estas ayudas es que “no llegan a todas las personas que la necesitan” no lo denunciado por UPN. Desde Podemos, Mikel Buil defendió la ayudas después de que derecha quitara las “redes de protección a los trabajadores para apoyar sus redes clientelares”. Por I – E, Nuin, calificó la comparecencia de Laparra como “apabullante para echar por tierra el relato de UPN, que no tiene nada que ver con la realidad”.

¿para quién son?

Una familia con dos niños sin electricidad en pleno invierno. Laparra detalló, sin dar identidades, varios casos concretos del tipo de ayudas de “emergencia”, cuya media es de unos 300 euros (520 por familia), y sus diferencias con las “extraordinarias”. Además de algunos conceptos (pagos por habitaciones compartidas, educación, mayores de 65 años….) no contemplados en las primeras, la principal diferencia es su agilidad en la gestión descentralizada: se consiguen en 8 días (5 de media) antes de generar la deuda frente a meses de las otras. “El primer caso se trata de una familia de cuatro miembros, dos de ellos menores (3 y 7 años). Tiene unos ingresos de 897 entre subsidio de desempleo y RIS de los que casi la mitad (450) se les van en un alquiler libre. Tiene una deuda con la compañía eléctrica de 368. Les han cortado al luz. Estamos en invierno, con dos niños y la ayuda extraordinaria tardaría 4 meses… Con la de emergencia recuperó el suministro”.

Mujer mayor sin posibilidad de lavar la ropa en casa. “Una mujer de 67 años atendida en su domicilio por el SAD. Tiene una pensión no contributiva de 368 euros y vive en una casa con deficiencias eléctricas y dotacionales. Se le estropea la lavadora y lleva 8 meses lavando la ropa en los servicios públicos municipales. Una ayuda de emergencia le permite comprar un nuevo electrodoméstico y seguir en casa”.

Familia con tres hijos sin condiciones en casa. “Tiene tres hijos de 6, 9 y 14 años. Gana 1.372 euros, pero 400 se le van en la hipoteca de una casa con malas condiciones de salubridad. El colegio ha detectado problemas de atención a los niños que habrían acabado en un centro de menores de no ser por la ayuda que permite arreglar el piso y un alquiler durante las obras”.

Mujer de 28 años inmigrante sin colchón familiar. “Tiene 28 años y ha llegado hace 19 meses en Navarra, lo que no le da derecho a la RIS. No cuenta con ingresos regulares y tiene que pagar 250 euros por una habitación por lo que acaba en el albergue municipal. Para evitar un proceso de exclusión se le da una ayuda que le permite volver a alquilar una habitación por 6 meses, tiempo que le dar derecho a la renta de inserción y de ahí acaba con un trabajo protegido”.