El Ararteko realizó ayer un encendido alegato en favor de los derechos de los ciudadanos y propuso a las instituciones vascas que «se pongan el chip» de la buena gestión para evitar que en el futuro se repitan casos de «prepotencia» y «abuso». Y es que Íñigo Lamarca ha observado cómo el año pasado se producían, «no muchas, pero sí algunas», situaciones de maltrato de la Administración hacia los ciudadanos. «No se sienten debidamente atendidos», recalcó el defensor del pueblo vasco. De ahí que demande de las instituciones «una mejora de los canales de comunicación y participación» para que las relaciones sean mucho más fluidas. La atención debe ser buena y todo el mundo tiene derecho a una buena Administración», insistió.

Esta es una de las principales preocupaciones de los contribuyentes vascos, reflejada en el informe de las actuaciones del Ararteko correspondiente a 2005, y que fue entregado ayer a la presidenta del Parlamento, Kontxi Bilbao.

Además, Lamarca solicitó una mayor calidad de los servicios públicos, sobre todo los que tienen por objeto la prestación social, y un mejor funcionamiento de la Sanidad y de todas la ayudas de emergencia social y de renta básica. «Son exigencias de la ciudadanía. Son razonables y las apoyamos», enfatizó. Al mismo tiempo, hizo especial hincapié en la necesidad de erradicar «las bolsas de pobreza. Hay muchas personas que viven en los umbrales de la una vida digna», denunció.

El Ararteko se refirió a las demandas de otro sector de la sociedad, el de los jóvenes. Sus quejas se refieren casi de manera exclusiva a las dificultades que entraña para ellos el acceso a una vivienda en el País Vasco. «Han aumentado las quejas – continuó – por lo que se ha creado un área específica. Se trata de una inquietud creciente». Lamarca anunció la presentación en junio de un informe extraordinario monográfico sobre este tema.

Los inmigrantes también juegan un papel destacado en el informe del año pasado. El Ararteko ha alertado de las «situaciones de indefensión» que sufren los extranjeros cuando los ayuntamientos les dan de baja en el padrón al haber caducado el plazo de renovación. «No se informa al ciudadano y hay que salvaguardar los derechos que tiene en el proceso de inscripción y baja», señaló.

«Rigor punitivo»

Lo mismo ocurre con las ONG, que en muchas ocasiones tienen que recurrir a créditos para poder pagar sus gastos debido a que no reciben en plazo las subvenciones públicas. En otro sentido, Lamarca puso especial énfasis en el «deficiente» estado de las cárceles vascas, en especial la alavesa de Nanclares de la Oca y la guipuzcoana de Martutene, que serán sustituidas en un futuro por instalaciones más modernas. A su juicio, esta situación viene provocada en parte por el incremento de la población reclusa debido al endurecimiento de la lesgilación penal. Así, considera que el mayor número de reclusos no se corresponde con el incremento de la delincuencia sino que obedece a las reformas legales «que han implicado un mayor rigor punitivo».

El Ararteko cree necesario prestar atención a la persona reclusa «de forma que las características personales sean tenidas en cuenta para salvaguardar el derecho que tiene a la reinserción. Y esto no se garantiza. Si a esta situación añadimos que la población reclusa proviene de las bolsas de marginación y exclusión, el problema se agrava», reconoció.