De entre todas las medidas propuestas por el Gobierno Vasco para reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Cáritas reivindica una muy concreta: prestigiar el sistema desde el punto de vista social. «El verdadero reto está en poner en valor social a la RGI y a Lanbide, a la misma altura que tienen Osakidetza o el sistema educativo», reflexiona Mabel Cenizo, que se permite realizar «una sugerencia» al Ejecutivo autónomo. «Que tome la iniciativa y lidere esa imagen para que nadie ponga en duda un sistema tan fundamental como la Sanidad o la Educación», reitera la responsable del departamento de formación y voluntariado de la entidad en Gipuzkoa, tras conocer el informe con las propuestas para actualizar y «mejorar» la ley que regula la RGI y que data de 2008.

Conocedora de las situaciones de necesidad a los que se intenta dar respuesta desde servicios como los de Cáritas, Cenizo insiste en que se inocule en la sociedad el mensaje positivo de la protección ante la pobreza que ejerce el sistema «y no se focalice el debate sobre el fraude», ya que no alcanza el 1% del total de expedientes revisados, sumados los casos de prestaciones utilizadas de forma indebida. «Lanbide es el sistema público que mayor control hace del fraude y con éxito», afirma.

Denuncian que 59.000 personas viven en la pobreza en Euskadi y no cobran la ayuda
Cenizo achaca a «la ruptura» del mercado laboral el aumento de la demanda de las prestaciones en Euskadi, con cerca de 63.000 beneficiarios en la actualidad. «Hace diez años, mucha de esa gente que ahora necesita la RGI estaba trabajando. Siempre digo que la crisis no está en el sistema de protección social, sino en el mercado laboral», remarca y valora esa red de seguridad. «Tengo claro que el sistema también me protege a mí, porque lo que hay que asumir es que el puesto de trabajo que hoy es inclusivo puede que mañana no lo sea o que lo pierda», de ahí que una de las medidas propuestas que más aplaudan desde la entidad social de la Iglesia sea la de que no se ponga límite de tiempo a cobrar la RGI como complemento a un salario bajo. «Es una de las reivindicaciones que veníamos haciendo desde hace tiempo las entidades sociales, porque el problema de los bajos salarios no es temporal sino estructural», expone.

Otra de las noticias positivas que Cáritas ha visto recogidas en la propuesta del Ejecutivo es la de reforzar las ayudas a las familias con hijos. «Nos alegra que vayan a estar más protegidas». La reforma contempla unas cuantías progresivas en función del número de adultos y de niños en el hogar en el mismo hogar, hasta un tope de 1.200 euros al mes. Y respecto a la polémica abierta por el anuncio de establecer una única RGI por domicilio, se alegra de que el documento con las propuestas recoja las excepciones para personas sin recursos que se ven obligadas a compartir piso, «como hasta ahora».

Ayudas por hijo decrecientes

La ONG de protección a la infancia Save The Children ha sido otra de las entidades que más han insistido en la necesidad de mejorar la prestación a las familias con menores a su cargo. «La herramienta actual no está siendo del todo efectiva para proteger a las familias con hijos», como lo demuestran los datos de la última encuesta de pobreza en Euskadi, que reflejan que, aunque a la baja, las situaciones de necesidad siguen afectando más a los hogares con hijos e hijas, especialmente a las familias monoparentales, la mayoría de ellas con una mujer como cabeza de familia.

Mabel Cenizo

Cáritas
«El reto es poner a Lanbide al mismo nivel social que Osakidetza»

I. Alonso

Save The Children
«La ley no estaba siendo efectiva en la protección de las familias con hijos»

Maialen Olabe

EGK
«Se excluye del derecho a jóvenes entre 18 y 23 años sin ninguna justificación»

Remarcado ese paso adelante, Iñaki Alonso, del área de sensibilización y políticas de Infancia de Save the Children, cree que las cantidades que ahora se proponen como complemento por cada hijo deberían equipararse a las cifras que también se plantean por la presencia de adultos en el hogar. «Las ayudas por hijo decrecen en orden de nacimiento, y eso se debería corregir», propone. En el debate también quiere subrayar la trascendencia de rebajar los requisitos de empadronamiento a las familias con hijos a su cargo, que deberán acreditar dos años de residencia en Euskadi, uno menos que hasta ahora, «lo que abrirá la puerta al sistema a más familias» que cumplan los requisitos.

Desde el Consejo de la Juventud de Euskadi, por su parte, ponen el acento en «los obstáculos» de cara a que el colectivo al que representan tenga acceso «en igualdad de condiciones a estas ayudas». La presidenta de esta entidad, Maialen Olabe, recuerda que la actual ley «excluye del derecho a percibir la RGI a una parte importante de la gente joven situada entre los 18 y los 23 años sin ninguna justificación. Este hecho amplía la dependencia familiar precisamente en el tramo de edad donde mayor es la tasa de paro».

A este hecho, añade que determinadas condiciones que se establecen para optar a estas ayudas restringen el acceso a parte de la juventud. «Por ejemplo, los plazos de empadronamiento que se establecen dejan fuera a la juventud que ha optado por la movilidad laboral o de estudios; y los plazos de independencia familiar que se estipulan dejan fuera a las personas jóvenes que no han tenido la oportunidad de emanciparse». Ampliar la cobertura de la prestación, concluye, «reduciría la vulnerabilidad de un colectivo en clara desventaja por las altas tasas de desempleo y de precariedad».

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