Las cuatro nigerianas acusadas de amenazar y pegar a una compatriota suya en 2009 para obligarla a abortar y seguir explotándola como prostituta han negado los hechos que se les imputan ante la Audiencia de Las Palmas y han dicho que, al contrario, le aconsejaron tener el bebé.

La fiscal de Extranjería, Teseida García, sin embargo, no ha creído la versión ofrecida por las cuatro acusadas, para las que pide penas de 7 y 8 años de prisión, y ha destacado que son “múltiples las pruebas” que demuestran la acción delictiva de las procesadas, tres hermanas y una cuñada condenadas en 2013 por la Audiencia de Las Palmas por delitos continuados de inmigración irregular y prostitución coactiva.

La denunciante fue una de las víctimas de este clan familiar, en el que también resultaron condenados otros dos acusados, y los hechos que hoy se han juzgado partieron del anterior procedimiento, por el que cumplen condenas de entre 18 y 20 años de cárcel tres de las procesadas: Sonia O., de 40 años, conocida como “Mamá Princesa”; Marcelina O.E., “Mamá Osato”, de 38; Asantesaa Y.N., “Doris”, de 30.

Evelyn M., “Mamá Ame”, de 42, está ya en libertad por la citada causa, si bien la fiscal solicita para ella la mayor pena, 8 años de prisión, por haber sido condenada en Móstoles (Madrid) hace diez años por otro delito de aborto.

La denunciante, que figura en la causa como testigo protegido, ha declarado a través de videoconferencia ante el tribunal y ha afirmado que ella quería tener a su hijo, si bien las acusadas la obligaron a abortar para que siguiera trabajando como prostituta para Sonia O., Marcelina O.E. y Asantesaa Y.N..

La testigo protegido, a la que amedrentaron con rituales de vudú para obligarla a prostituirse, ha afirmado que le pegaron, insultaron y amenazaron a ella y a su familia si no abortaba y que, además, las acusadas le exigieron que pagara lo que había costado su aborto y los gastos que generó a la procesada Evelyn M. durante los tres días que se hospedó en Madrid.

Según ha relatado al tribunal, primero la llevaron a una clínica en Telde, donde por lo avanzado de su estado de gestación no le pudieron practicar el aborto, y después a otra en Madrid, autorizada para intervenciones de alto riesgo como la suya, pues estaba de cinco meses y medio.