Pamplona – Los recortes en las prestaciones por desempleo por parte del Gobierno Central han obligado en los últimos años a que la Comunidad Foral realice un sobreesfuerzo en materia de ayudas sociales. Una situación especialmente grave en un contexto de crisis económica prolongada y con un sistema de prestaciones que no se adecua ni al progresivo aumento de parados de larga duración ni a la proliferación de trabajos precarios que no han hecho más que aumentar la brecha social.

La protección por desempleo se ha convertido en una herramienta de estabilización de la desigualdad, un hecho que, según apuntaron desde el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, quedó en evidencia al aumentar levemente al comienzo de la crisis para caer de manera drástica e ininterrumpida a lo largo de los siguientes años. Mientras que el número medio de personas desempleadas descendió desde el 2012 un 22,5%, el gasto anual de prestaciones por desempleo lo hizo en un 48,9%, lo que se traduce en un descenso de la cobertura para quienes no cuentan con un trabajo. Una situación agravada en un contexto de crisis prolongada y con un gran número de personas en paro de larga duración.

De esta manera, el gasto medio por persona desempleada descendió un 37,5%, pasándose de los 8.647 euros anuales de media por cada persona desempleada en el 2012 a los 5.407 euros del 2016. En términos absolutos, esto supone un descenso de más de 213 millones de euros en prestaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal durante los años de la crisis. En esta situación, las herramientas de protección del Gobierno de Navarra como la Renta Básica (RB) o anteriormente Renta de Inclusión Social (RIS) adquieren especial protagonismo.

El porcentaje de desempleados sin cobertura aumentó de manera preocupante debido al alargamiento de las situaciones de paro, lo que hizo que las prestaciones se agoten. A esto se le sumó la proliferación de empleos precarios, que hacen que los derechos generados sean limitados debido a cómo está configurado el sistema de prestaciones por desempleo. Dicha configuración, manifestaron desde la vicepresidencia de Derechos Sociales, no se corresponde al cada vez mayor grado de flexibilización del mercado laboral. La propia normativa, aludieron, se ha modificado de manera regresiva en vez de dar un mayor resguardo de las personas en situación de vulnerabilidad.

Ante el aumento de la pobreza y del índice de pobreza de la Comunidad Foral, desde el actual Ejecutivo plantearon la urgente necesidad de impulsar las ayudas sociales. Así, mientras que en el año 2015 la partida presupuestaria destinada a ayudas contra la pobreza se estableció en algo más de 75 millones de euros, en el 2017 esta partida aumentó un 73%, superándose los 130 millones de euros.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, señaló a este respecto que “el esfuerzo de inversión social del nuevo Gobierno de Navarra para combatir la pobreza en 2015 no fue suficiente para corregir en su totalidad la falta de compromiso del Estado con los parados, cuyas prestaciones cayeron en Navarra en 73,2 millones de euros”. Esto, explicó, “hizo que el numero de hogares sin ingresos por trabajo, pensiones o prestaciones siguiese aumentando ese año pese a la reducción del desempleo”.

Desempleo de larga duración

Baile de prestaciones

El paro pierde terreno frente al subsidio y la Renta Activa de Inserción

Las prestaciones contributivas, más comúnmente conocida como el paro, continúan siendo las más numerosas entre el conjunto de ayudas por desempleo que se ofrecen en la Comunidad Foral, aunque durante la crisis han perdido mucho terreno desbancadas sobre todo por los subsidios, otro tipo de ayudas dirigidas a las personas sin trabajo que ya han agotado el paro o no cumplen todas las condiciones para recibirlo. Además, se exigen otros requisitos específicos como la carencia de rentas o contar con responsabilidades familiares.

El año pasado las personas beneficiarias de paro representaron tan solo al 53% de los perceptores de algún tipo de prestación por desempleo en Navarra, un dato muy superior al de comienzos de la crisis, cuando esta ayuda cubría a la gran mayoría. En concreto, en el año 2008 la prestación contributiva representaba el 72% de las ayudas. Cabe señalar que, aunque el descenso ha sido continuado a lo largo de la crisis, en el último año se experimentó una ligera mejoría, pues en el año 2015 las recibieron el 51,6%.

Este espacio perdido por el paro lo han ido ganando progresivamente el resto de ayudas, sobre todo los subsidios. Estos, que en el 2008 recibían solo el 26,5% de quienes tenían ayudas por desempleo, pasaron a representar el 39,5% de estas prestaciones en el 2016 (el 40,3% en el 2015). Algo similar ocurrió con la Renta Activa de Inserción, que aunque es una ayuda más residual, en términos porcentuales su incremento fue mucho mayor. Esta prestación por desempleo, dirigida a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral como parados de larga duración mayores de 45 años, personas discapacitadas, emigrantes retornados o víctimas de violencia de género, la recibían solo un 1,48% en el 2008, mientras que el pasado año se beneficiaron de ella un 7,37% (7,73% en el año 2015).

Además, a estas tres prestaciones se le sumó en el 2015 el programa de activación de empleo, una nueva ayuda aprobada en diciembre del 2014 que consta de 426 euros durante 6 meses para parados de larga duración que, teniendo cónyuge o hijos a su cargo, hayan agotado la posibilidad de recibir alguna de las ayudas anteriores y lleven más de 6 meses sin cobrar ninguna prestación, entre otros requisitos.

Desde el Ejecutivo foral aludieron a que estas cifras ponen de relieve la evidente limitación del sistema público de protección por desempleo, una circunstancia ligada al aumento de la vulnerabilidad y la pobreza y a una necesidad de contar con herramientas propias de compensación.

Incidencia del desempleo

Renta Básica y de Inclusión Social

El endurecimiento de los requisitos se tradujo en desprotección y pobreza

Desde el Gobierno indicaron que la incidencia del desempleo en Navarra es significativamente menor que en el conjunto del Estado, lo que se traduce en un mejor impacto del desempleo total familiar. Sin embargo, aseguraron, en los últimos años se ha constatado una importante tendencia al alza de la proporción de hogares con problemas de integración en el mercado laboral.

Durante los primeros años de la crisis, la Renta de Inclusión Social (RIS) cubrió una parte importante de las necesidades de las personas en paro y sin cobertura de desempleo. Sin embargo, a finales del 2010 esto cambió y durante el 2011 y el 2012 aumentó notablemente el número de personas que no recibían ninguna de estas ayudas y, consecuentemente, la desprotección. Esto, explicaron desde el departamento de Derechos Sociales, se debió en parte a la aprobación durante el Gobierno de UPN de la Ley Foral 1/2012, que restringió los requisitos de acceso. De hecho, tras las futuras modificaciones de esta norma, se observó que estos efectos se fueron atenuando.

La RIS y la RB no solo hay beneficiado a quienes no recibían ayudas, sino que también han servido para complementar los ingresos familiares cuando estos son insuficientes. Una situación frecuente, por ejemplo, cuando se reciben subsidios, ya que estos suelen ser de 426 euros mensuales. Por ello no resulta extraño que desde el comienzo de la crisis las personas beneficiarias de la RIS y la RB se hayan incrementado hasta el 25,8% en el 2016.