Aunque no es una práctica común ni tampoco exclusiva de la Renta de Garantía de Ingresos ocurre también por ejemplo para solicitar una VPO, el Gobierno Vasco ha detectado que en ocasiones personas que en la práctica están compartiendo gastos y conviven en común se dividen de «forma artificial» para presentar la solicitud para la prestación con el objetivo de cobrar la ayuda, cuando si se computaran los ingresos conjuntos se superarían los umbrales de acceso o se reduciría la cuantía a la que tendrían derecho. La propuesta de limitar el cobro de la prestación a una RGI por domicilio persigue, entre otros objetivos, «aflorar esas divisiones artificiales», defendió ayer la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en una entrevista a Radio Euskadi.

La ley en vigor, que data de 2008 y que el Ejecutivo pretende reformar, contempla la posibilidad de reconocer más de una unidad convivencial perceptora de la ayuda dentro de un mismo domicilio, hasta un máximo de dos. La propuesta lanzada esta semana, que ha encontrado el rechazo de partidos como EH Bildu, Podemos y también sindicatos como ELA y LAB, parte de la idea de poner el límite de una prestación por domicilio, abierta a excepciones, según manifestó sin detallar más la consejera en su comparecencia del pasado miércoles.

El Gobierno Vasco quiere poner un tope de una RGI por hogar pero reforzarla a familias

Ayer, Artolazabal insistió en que la fórmula no pretende «perjudicar a nadie, sino que se produzca una realidad y que se afloren las situaciones de convivencia reales que tenemos en Euskadi». «Esas divisiones artificiales producen agravios comparativos», añadió según las declaraciones recogidas por Europa Press. Este principio básico, abierto a excepciones que deberán ser objeto de desarrollo para contemplar casos de convivencia de personas sin vínculo familiar que necesitan compartir piso por tener bajos ingresos, por ejemplo, tiene un segundo ingrediente para completar la nueva fórmula: se concederá una sola RGI, pero para calcular la cuantía se tendrá en cuenta a la totalidad de miembros del hogar, lo que ampliará de forma progresiva la cuantía a percibir hasta un máximo de 1.200 euros al mes.
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Se trata de un cambio que persigue corregir «las disfunciones que se estaban produciendo», por ejemplo en el caso de las familias con hijos. El sistema hasta ahora en vigor contempla unas cantidades máximas que varían en función del número de miembros de ese hogar, pero el tope se establece en tres personas. A partir de ese número, no se amplía la cantidad a cobrar. Es decir, cobra lo mismo un matrimonio con tres hijos que una pareja con un solo vástago.

Artolazabal insistió ayer en este diagnóstico y dijo que «las personas individuales están bien protegidas, pero comparativamente las familias no se encuentran en la misma situación, y las familias con hijos todavía tienen una situación más complicada». «Nosotros añadió entendíamos que las familias en estos momentos estaban en una situación más desfavorecida respecto a las unidades unipersonales». De hecho, opinó que los 650 euros que se dan a una sola persona es una «cuantía suficiente» para llevar una vida digna.

Podemos lamentó que el Gobierno Vasco «ceda ante el partido de Maroto (PP) y sus discursos»

El PSE dijo que el informe «es un punto de partida que habrá que encauzar para el máximo consenso»
«Que rectifiquen»
Las explicaciones de la consejera no convencieron a colectivos sociales como la plataforma contra la exclusión del sindicato ESK, Argilan, que afirmó que la aplicación de estas propuestas «aumentará aún más la pobreza» en Euskadi. Esta plataforma hace un llamamiento al PNV y el PSE, partidos que integran el Ejecutivo autónomo, a que «reflexionen y rectifiquen», y aseguró que el PP «tiene que estar aplaudiendo con las orejas este giro antisocial a la derecha».

Los firmantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, entre ellos los sindicatos ELA y LAB, denunciaron también «la voluntad de recortar» la RGI y dijeron que el «aliado» del Gobierno Vasco para ello será el PP, «el partido que más la ha criminalizado». Las centrales lamentaron que no haya «igual empeño en atajar el fraude fiscal», al que «no se dedican los medios económicos y humanos» necesarios.

Desde Elkarrekin Podemos también se acusó al Ejecutivo de «ceder» ante el PP. «El PNV ha decidido que sean las personas más vulnerables las que paguen el precio de sus oscuros pactos», señaló la parlamentaria Tinixara Guanche, que constató que el «silencio cómplice» de los socialistas es «imprescindible para estos recortes» e insistió en que ninguno de los dos partidos que forman hoy gobierno eran sinceros en sus críticas ante los ataques a la RGI. «Hoy ceden ante el partido de (Javier) Maroto y sus discursos», subrayó.

En un comunicado, el PSE quiso dejar claro que la propuesta «es el punto de inicio que ahora habrá que encauzar a través de los máximos consensos», sin querer «imponer» los cambios. Los socialistas defienden «blindar la protección social para las próximas décadas» con la futura ley que salga del Parlamento.