El Gobierno Vasco propone conceder un máximo de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por cada domicilio, teniendo en cuenta el conjunto de personas que lo componen con independencia de su vinculación familiar o no. Aunque abierta a excepciones, esta será la regla general a la hora de responder a la demanda de la prestación social, que actualmente cobran más de 63.000 personas en Euskadi, de las cuales casi 15.000 viven en Gipuzkoa. Euskadi gasta cada año casi 500 millones de euros en esta prestación, que ha logrado reducir las tasas de pobreza y ha evitado que miles de personas residentes en Euskadi caigan en la pobreza.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria la propuesta de reforma que incluye 15 cambios de calado y que ahora están abiertos al debate político para reformar la ley que regula la prestación. El documento recoge varias de las propuestas emitidas por la comisión técnica y que fueron adelantadas por este periódico, como es el refuerzo de las prestaciones para las familias con hijos, la recuperación de los servicios sociales de base para reforzar la inclusión social, o la eliminación de las limitaciones para cobrar la RGI como complemento a un trabajo precario, hasta ahora sujeto a un máximo de tres años. También se propone que los pagos indebidos de la RGI a perceptores prescriban si Lanbide no los reclama en un plazo de 24 meses.

Por otro lado, asume de facto el recorte del 7% en la cuantía de la prestación introducido en 2012 y desvincula la prestación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para ligarlo al índice que recoja cada año los presupuestos.

Así se calculará ahora la cuantía de la RGI

Nuevo cálculo

De entre los cambios, destaca la nueva fórmula actualmente utilizada para determinar las unidades de convivencia, sobre la que luego se calcula qué cantidad corresponde a cada beneficiario. Entre ellas, una modificación de la forma en que se calcula la cuantía de la ayuda. El nuevo sistema se basará en un sistema de cuantías base y complementos individuales adicionales para adultos y menores residentes en la vivienda.

Según lo expuesto este miércoles, la propuesta preliminar establece una cuantía básica por unidad convivencial de 450 euros al mes. Los complementos por adulto van desde los 200 euros para el titular; 160 para la pareja; y otros 100 euros para otros adultos (máximo cuatro adultos). Respecto al dinero extra por menores a su cargo, se pagarían 120 euros al mes por el primer hijo en orden de nacimiento, otros 84 por el segundo, 60 para el tercero y cuarto, y 48 a partir del quinto. Las familias monoparentales, con discapacidad o en la que haya víctimas de violencia de género recibirán 100 euros al mes. En total, la cuantía máxima de RGI para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros máximo al mes, similar a la actual.

Empadronamiento

La propuesta también ahonda en la puesta en marcha de medidas “adicionales” para la certificación de la residencia efectiva en Euskadi. Actualmente se exige este requisito y acreditar tres años de empadronamiento. Las condiciones de acceso se suavizarán, en cambio, para familias pobres con hijos a los que se exigirá un mínimo de 24 meses, un año menos que hasta ahora. Las personas refugiadas o solicitantes de asilo o protección internacional estarán exentas de acreditar los tres años de padrón.

También se hace referencia a un cambio en la valoración del patrimonio. La actual ley en vigor, que data de 2008, establece como requisito de acceso a la prestación no disponer de bienes inmuebles diferencias a la vivienda habitual. Estas limitaciones, ha explicado la consejera, “pueden estar dificultando el acceso a la prestación a personas que, si bien superan esos límites patrimoniales, tienen ingresos regulares de baja cuantía que impiden satisfacer sus necesidades básicas”. Por lo que, se plantea la necesidad de diferenciar entre valor y la capacidad de liquidar esos inmuebles. El objetivo, ha dicho, es no impedir el acceso a la RGI a las personas que objetivamente precisan recurrir al sistema. Por ello, se propone introducir “un sistema de minoración parcial” de la prestación vinculado al valor catastral de los bienes en cuestión, llegando incluso a no tomarlos en consideración.

Desencuentro entre los grupos parlamentarios

Los portavoces de los grupos parlamentarios han señalado que tendrán que analizar al detalle la propuesta pero han emitido una primera valoración. Desde el PP, Laura Garrido ha lamentado que las medidas “llegan tarde”. “El Gobierno Vasco ha perdido el tiempo por no reconocer la realidad”, ha dicho.

Por su parte, Gloria Sánchez, del PSE, ha respaldado la propuesta de su socio de gobierno y ha subrayado la mejora en los requisitos de acceso para las familias pobres con hijos y para las personas refugiadas.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos han sido mucho más críticas en su exposición. La parlamentaria de la coalición abertzale Nerea Kortajarena ha reprobado al Ejecutivo el hecho de incluir medidas que están “demasiado cerca” de los posicionamientos del PP. Además, ha considerado “inaceptable” que la RGI se desvincule del SMI para calcular la cuantía y “se deje en manos de las voluntades de cada grupo político” en la elaboración de los presupuestos.

“Me dejan los pelos como escarpias”, ha respondido la parlamentaria Tinixara Guanche, de Elkarrekin Podemos, ante la reforma planteada desde el Gobierno Vasco. Especialmente dura ha sido con la idea de limitar a una RGI por domicilio, “una barbaridad”, y ha recordado que Euskadi cuenta con el precio del metro cuadrado más elevado del Estado, por lo que “mucha gente no puede vivir sola”. Guanche ha terminado su exposición mostrando “la preocupación” por la mayoría de medidas anunciadas.