El Gobierno Vasco deshoja hoy la margarita y presentará su propuesta de reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal prestación social contra la pobreza que actualmente cobran más de 63.000 personas en Euskadi, de las cuales casi 15.000 viven en Gipuzkoa. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, comparece esta mañana en el Parlamento Vasco para exponer qué cambios se van a introducir. El informe encargado hace un año a una comisión de expertos, que ha servido de base para elaborar la propuesta política, recoge modificaciones en dos sentidos: más medidas de control para evitar casos de fraude parte de las cuales ya se han presentado, como la implantación de la huella digital en las oficinas de Lanbide y mejoras en la protección de los beneficiarios.

Una de las ideas plantea ampliar la cobertura a las familias pobres con hijos menores a su cargo a través de un nuevo complemento que se añadiría a la cantidad que les corresponda percibir. Ese complemento infantil iría de la mano de la propuesta de modificar la forma en que se calculan las cuantías de las prestaciones. También se pedía no limitar en el tiempo la ayuda a los trabajadores pobres, que ahora pueden cobrar durante un máximo de tres años un complemento a sus salarios bajos. La mejora de la gestión de los cobros indebidos forma parte también de las prioridades y se propone que prescriban las deudas si estás no son reclamados en un plazo de dos años. Otra de las peticiones es recuperar parte del papel que venían desempeñando los servicios sociales municipales antes del traspaso de la gestión de la RGI a Lanbide en 2012.