La crisis económica que los gobiernos hace tiempo dieron por concluida sigue causando estragos en miles de personas de Euskadi. El último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, realizado con datos del año pasado, pone de manifiesto que 38.616 familias tienen problemas «graves» para hacer frente al pago de su vivienda habitual: a 19.756 les cuesta enormemente abonar el alquiler mensual y a otros 18.860, la letra del préstamo hipotecario.

Pero es que según la Encuesta a Familias y Hogares, otras 22.385 familias pueden a duras penas afrontar los recibos de la hipoteca o del arrendamiento. Si se suman los dos grupos, resulta que 61.000 familias de Euskadi – el 7% del total – están en una situación de absoluta precariedad residencial que, si no se remedia, puede abocarles más pronto que tarde al desahucio.

En un contexto de crecimiento económico, estos datos revelan que la recesión económica sigue teniendo efectos negativos en una parte de la población a la hora de acceder a la vivienda. La destrucción de empleo ha afectado al conjunto de los vascos, pero desde 2007 la tasa de parados comienza a incrementarse – más de 30 puntos porcentuales – en el colectivo más joven, que es el gran demandante de una casa.

Además, la mayor parte de las rentas de los vascos procede del trabajo, por lo que los efectos del empeoramiento del mercado laboral se reflejan también en la renta familiar media, que experimenta una evolución negativa sobre todo en las clases más bajas. Los indicadores de recursos económicos reflejan esta desigualdad, al mostrar una situación en la que el 20% de las familias de Euskadi tiene unos ingresos inferiores a 9.000 euros anuales. Por otra parte, determinados colectivos – como mujeres, familias monoparentales, inmigrantes o personas con alguna discapacidad – se ven más afectados por las situaciones de pobreza.

Menos empleo, de peor calidad y y salarios más bajos explican que la población más desfavorecida tenga verdaderos problemas para hacer frente a los pagos de la vivienda. Aunque el momento álgido de los procedimientos de desahucio se produjo de 2009 a 2012, aún el año pasado eran «visiblemente superiores» a los registrados cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Y es que 2016 cerró con 751 ejecuciones hipotecarias (inicio del proceso para reclamar el dinero adeudado con los intereses de demora) y con 960 alzamientos o desahucios.

Menos préstamos

Dado que el 65% de estos últimos corresponden a inmuebles arrendados, los expertos plantean que el servicio de mediación del Gobierno vasco que asiste a personas con amenaza de desahucio por impago de hipoteca «se amplíe para atender situaciones de arrendamientos».

Una parte del estudio también se refiere al descenso del 64% de los créditos en la última década como consecuencia de la crisis y el paro. Por ejemplo, el año pasado se constituyeron cerca de 28.000 menos que en el punto álgido del mercado hipotecario, en 2006. Además, el importe medio de los préstamos concedidos es menor que al inicio de la crisis.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la cuantía media de los préstamos concedidos en 2007 fue de 162.800 euros, frente a los 131.600 del pasado año. Esta menor cuantía, así como el abaratamiento de los tipos de interés, tienen un efecto positivo en la economía familiar. El esfuerzo inversor medio se sitúa en los últimos años en porcentajes más prudentes, por debajo del 30%, lo que supone una reducción significativa respecto a los máximos alcanzados en 2007 y 2008, cuando se acercaba al 50%.