La ONG Women’s Link Worldwide presenta hoy ante el Comité contra la Tortura de la ONU una denuncia contra España por expulsar a una mujer nigeriana sin investigar si era víctima de trata, tal y como alegaba ella y exponía un informe de ACNUR.

Esta ONG lleva ante la ONU el caso de Gladys John, deportada a su país el 17 de marzo de 2010 sin resolver su solicitud de que se investigara su condición de víctima de una red de trata, después de que los tribunales españoles y el Europeo de Derechos Humanos no hayan admitido a trámite las denuncias por no tener la ONG un poder notarial para representarla.

Women’s Link explica que Gladys, que estaba embarazada, fue detenida en una redada policial el día en el que iba solicitar un permiso de residencia por arraigo social porque llevaba en España tres años y cuatro meses e ingresada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), donde pidió asilo por persecución religiosa.

Al estudiar esta solicitud, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) detectó indicios de que había sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual y pidió que fuera valorado al resolver sobre la solicitud de asilo, pero fue denegada.

Women’s Link Woldwide se entrevistó con Gladys en el CIE “autorizando por escrito no notarial a la ONG para su representación en el procedimiento”, en el que pidieron que se le concediera el periodo de reflexión que tienen derecho las víctimas de trata, junto a la paralización de la orden de expulsión.

La mujer nigeriana fue expulsada un día antes de que se resolviera esta petición, por lo que esta organización alega que se le privó de su derecho a recurrir la decisión de la administración y no se analizó el riesgo que corría su vida al regresar a su país.

En la denuncia ante Naciones Unidas, la ONG expone que las víctimas de trata en España “enfrentan serias dificultades para poder acceder a la justicia y para que se protejan sus derechos fundamentales”.

“De forma frecuente las víctimas de trata no son correctamente identificadas, algo que vulnera sus derechos y provoca que acaben internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros e incluso que sean expulsadas”, expone.

Según la abogada de Women’s Link Worldwide, Teresa Fernández Paredes, “las víctimas de trata no deberían terminar nunca en un centro de internamiento, por su condición de víctimas, y por supuesto no deberían ser deportadas, sino protegidas”.

“Sabemos que esto sucede de forma constante porque no se les está identificando correctamente o se prefiere no hacerlo, para poder priorizar el control migratorio sobre la protección de sus derechos”, ha lamentado la jurista.

La ONG defiende que “los funcionarios públicos tienen el deber de investigar y de tomar en cuenta las denuncias de las mujeres sobre la violencia que se ejerce contra ellas, por encima de la persecución del delito o de la situación administrativa de las víctimas; si no lo hacen, están siendo cómplices de la tortura”.

En este caso concreto, la denuncia expone que “Gladys fue sometida a tortura por parte de la red de trata y el Estado español no sólo no lo investigó, sino que la encerró en un centro de internamiento, donde fue nuevamente víctima de tortura al recibir un trato inhumano y degradante, y la expulsó sin garantías a un país donde podía volver a ser torturada por las autoridades nigerianas y volver a ser víctima de trata”.

“A día de hoy no sabemos si Gladys John está viva o está muerta”, ha recordado la abogada, quien ha opinado que “el Estado español es el responsable de su desaparición, porque ella confió en los funcionarios públicos y el Estado le falló”.