Una pena de año y medio de cárcel es la que aceptó ayer un hombre de nacionalidad rumana condenado por chantajear y amenazar a un sacerdote al que pidió dinero a cambio de no dar a conocer las relaciones sexuales que ambos habían mantenido de manera «consentida». Aunque el juicio estaba previsto que se llevara a cabo en el Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián, finalmente no se celebró, ya que la Fiscalía, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo por el cual el procesado admitió los hechos y la condena. Esa misma persona está imputada, junto a otros familiares, por otro chantaje a un párroco de Navarra.

En el caso de Gipuzkoa, en un principio el Ministerio Público pidió para el acusado, Florín B., de 37 años, una condena de tres años de prisión, pero la pena se vio reducida ayer hasta los 18 meses por un delito de amenazas, después de comprobar que el condenado no recibió los 14.000 euros que reclamó al religioso para no hacer públicas las grabaciones que hizo de sus relaciones. El ciudadano rumano conoció la sentencia de la causa en una lectura a puerta cerrada después de que así lo pidiera el titular del juzgado, el magistrado Santiago Romero Buck Arstad. Condenado y víctima coincidieron en los pasillos del Palacio de Justicia de Atotxa, pero ninguno de los dos cruzaron sus miradas.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones, relata que el condenado mantuvo relaciones sexuales «consentidas» con el jesuita desde finales de 2014 hasta los primeros meses de 2015. En el escrito se detalla que dichas relaciones se llevaron a cabo «en la más absoluta clandestinidad», dada la condición del religioso. Y explica que la víctima del chantaje desconocía que aquellos contactos íntimos estaban siendo grabados y fotografiados por el condenado.
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La Fiscalía pedía de inicio tres años de cárcel, pero el acuerdo entre las partes ha rebajado la pena a 18 meses
El texto de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa sostiene que a partir del mes de marzo de 2015, el condenado «con el ánimo de atentar contra la libertad» del sacerdote, comenzó a exigirle diversas sumas de dinero a cambio de no difundir las imágenes que había obtenido de manera totalmente ilícita de las relaciones sexuales. El fiscal detalla que el chantaje se reiteró en «numerosas ocasiones» y de «forma insistente». Y que las peticiones de dinero se elevaron hasta los 14.000 euros.

Con el propósito de alcanzar su objetivo, el extorsionador amenazaba al religioso con difundir las imágenes que tenía en su poder. Incluso, le advirtió que llegaría a colocar «pasquines» en la vía pública, en los alrededores de la residencia habitual del sacerdote, con las fotos. «Todo ello dice el escrito con la finalidad de hacer pública la relación habida entre las partes que era hasta entonces y por razones obvias, mantenida en secreto». El condenado, además, no dudaba en personarse en la residencia de la orden religiosa para presionar a la víctima.

No era la primera vez que el acusado intentaba chantajear a un sacerdote para obtener dinero. En Navarra, junto con otros dos familiares, está imputado por otra denuncia de amenazas reiteradas contra el párroco de Tajonar. En ese caso, los tres familiares están acusados de lograr 39.000 euros del sacerdote, que habría pagado dicha cantidad tras amenazarle con difundir unas imágenes de una presunta relación sexual con un menor. Los investigados le habrían chantajeado con poner en conocimiento del obispo, la Policía y los medios de comunicación una fotografía suya, tomada el 19 de enero de 2016 en su domicilio de Mutilva, «en posición arrodillada y con su cabeza a la altura del miembro viril» de un menor de 17 años, quien «nada más obtener la fotografía» comenzó a exigirle dinero, según el escrito de la juez que ha instruido el caso.

Los miembros del grupo habrían efectuado continuas llamadas amenazantes al párroco entre el 20 y el 25 de enero del año pasado exigiéndole 30.000 euros para no divulgar la foto y, previsiblemente, habrían acudido a la estación de autobuses de Pamplona, donde el menor, perteneciente a la familia, citaba a la víctima para las entregas de dinero.

Según la juez, el grupo de rumanos constituiría indiciariamente una «organización criminal», ya que los propios autores revelaron a la víctima en una de las entregas de dinero que habían recibido otras sumas de otros sacerdotes navarros.

Además, tres de estos investigados, incluido Florin B., fueron condenados además el pasado enero por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona por chantajear a un vecino de esa ciudad con denunciarle por falsos abusos sexuales. Concretamente, Florín B. fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión por un delito de robo con violencia y otro de amenazas condicionales continuadas.