Pamplona – El II Plan de Familia e Infancia, que en la actualidad está elaborando el Gobierno de Navarra, tiene entre sus prioridades atender a la diversidad familiar existente en la Comunidad Foral y evitar que sean los niños quienes paguen las consecuencias de la crisis, interviniendo contra la pobreza infantil y evitando que esta se herede y se cronifique. Así lo aseguraron ayer el Vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el subdirector de Familia y Menores de la Agencia Navarra para la Autonomía y el Desarrollo de las Personas, Mikel Gurbindo, en una jornada sobre el futuro de la atención a la infancia celebrada ayer.

Miguel Laparra apuntó que en la Comunidad Foral “las estructuras familiares son cada vez más diversas”. Conscientes de esto, aseguró que este nuevo plan “pretende responder a las necesidades de todos los modelos posibles”. Los planes de infancia aprobados hace aproximadamente 15 años han pasado por un contexto de crisis económica y de retraimiento del estado de bienestar motivado también por los recortes, lo que acentúa el hecho de se estén quedando anticuados. “Las políticas a la infancia estaban dando síntomas de agotamiento, no eran capaces de contextualizarse a las nuevas realidades”, apuntó, señalando como ejemplo a la población de origen extranjero, que en el contexto de protección a la infancia representa al 30% de las personas atendidas, llegando al 51% en alguno de los recursos, mientras que su peso poblacional en Navarra es solo del 9%.

Las familias conformadas por un único progenitor con niños a su cargo son otro de los grupos con especial presencia en el sistema de protección. Según los datos aportados por Mikel Gurbindo, con una población de 640.647 habitantes y 235.000 unidades de convivencia, Navarra cuenta con 8.360 familias monoparentales con 13.500 menores a su cargo, teniendo el 9% de ellas hijos dependientes del sistema de protección. Se observa una sobrerrepresentación de estas familias, pues de los 6.000 menores atendidos en el 2016, uno de cada tres (el 34%) procedía de familias con un único progenitor.

La crisis trajo consigo otro gran creador de desprotección como es la pobreza infantil, y es que se encuentran en riesgo de pobreza el 35% de los menores de 16 años, un índice que aumenta hasta el 80% cuando se habla de niños de procedencia extranjera o etnia gitana, que muestran pobreza severa en un 37% de los casos (un 16% de media entre el conjunto de los navarros menores de 16 años).

Gurbindo llamó la atención también ante el aumento de la violencia a la que están expuestos los niños, y es que, aunque es una realidad que siempre ha estado presente, se mostró muy preocupado ante el alto grado de exposición a la violencia con que llegan la mayor parte de los niños y niñas a los que atienden, violencias como la intrafamiliar, de género entre iguales o de los propios hijos a sus padres.

El subdirector de Familia y Menores aludió también a la necesidad de abordar de manera específica otras nuevas realidades sociales como son la mayor dificultad a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, la desprotección sobrevenida por acumulación de indicadores de exclusión, el aumento de los modelos educativos familiares permisivos e incoherentes o la incapacidad parental para el control de la conducta. Existen además otras problemáticas en aumento como son la necesidad de atención psicológica debido a rupturas matrimoniales, la existencia de una maternidad temprana con competencias parentales insuficientes, el incremento de la demanda de recursos de salud mental infanto – juvenil, el aumento significativo de cesión voluntaria de la guarda o el aumento en el policonsumo de drogas en edades tempranas.

reparación vs. Prevención El vicepresidente de Derechos Sociales reconoció que el actual sistema de protección a la infancia está demasiado basado en la reparación del daño, asegurando que “la prevención tendrá que ser una prioridad del próximo plan”. En la actualidad, apuntó Gurbindo, se establece una política familiar de carácter residual muy basada en las subvenciones y poco en la implementación de servicios y existe una necesidad de desarrollar estrategias de detección temprana y promocionar la comunidad como espacio referencial de intervención. Por ello, este II Plan de Familia e Infancia estará más dirigido a la intervención en el ámbito comunitario y a la prevención y la promoción y hacia una estrategia de inversión en la familia y la infancia “como mecanismo para tener un mejor capital social y cultural y para paliar el riesgo de transmisión intergeneracional de la pobreza”, apuntó el subdirector de Familia y Menores.

A esta necesidad de cambiar el rumbo de la intervención, Gurbindo añadió la conveniencia de mejorar la coordinación y la equidad en cuanto a recursos, así como el fortalecimiento en los equipos de valoración e intervención. También aludió a la conveniencia de fortalecer y unificar criterios en las actuaciones de carácter interdepartamental, así como a la necesidad de trabajar por una mayor interrelación con la entidades que gestionan los recursos residenciales y el medio abierto, mejorar apoyo y reconocimiento a las necesidades de las familias de acogida y adopción y lograr un mayor apoyo a los organismos de la red social comunitaria.

Además, apostó por una mayor descentralización de los recursos, la implementación de programas de supervisión, una escuela más inclusiva, la necesidad de visibilizar la desprotección infantil o el desarrollo de programas de capacitación parental, así como un aumento significativo de los recursos de atención temprana.

Otras intervenciones La jornada Hacia un cambio de modelo en la atención a la infancia contó también con la intervención del director y coordinador de la entidad Darlington, Joaquín de Paúl Ochotorena, que expuso un análisis de los fundamentos de los programas de intervención preventiva temprana. Se celebró también una mesa redonda, moderada por la profesora Irene Lapuerta, en la que intervinieron Ana Fernández, subdirectora del área de Infancia y Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, Eduardo Cabrera, responsable del área de Justicia Juvenil de la asociación educativa Berriztu, Laura Iparraguirre, responsable de los programas con gestión de guarda de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, Miriam Pérez, coordinadora de infancia de los programas de medio abierto de la entidad Pauma, y Maider Gabilondo, coordinadora del Comité de Navarra de UNICEF. La clausura corrió a cargo del director general del Observatorio de la Realidad Social, Francisco Javier Tuñón.

Moción en el parlamento Comisión de Derechos Sociales rechazó una moción para instar al Gobierno de Navarra a presentar en el Parlamento antes de que finalice el actual periodo de sesiones el II Plan de Infancia de la Comunidad Foral de Navarra, “para su debate y aportaciones de los diferentes grupos políticos”. Fue rechazada con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos – Ahal Dugu (I – E no participó) y los votos a favor de UPN, PSN y PPN.

El texto incluía un segundo punto, en el que se emplazaba al Ejecutivo Foral a “incluir en ese Plan de Infancia un programa de atención integral a la violencia filio – parental, con una atención ambulatoria especializada para jóvenes de trece a dieciocho años que ejercen violencia dentro del ámbito familiar, así como a madres y padres que la reciben u otras personas que cumplen las funciones de cuidado”.

Así mismo, se apremiaba al Ejecutivo a incluir una planificación del refuerzo de los equipos de los Servicios Sociales de Base en el área de infancia y de los equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Por último, se instaba al Ejecutivo Foral a desarrollar un protocolo de coordinación de los centros educativos con los Servicios Sociales de Base, mancomunidades y entidades sociales, “dirigido a garantizar la atención de todos los menores ante cualquier conflicto familiar o social”

Protección En Cifras

6.000

Atenciones. El sistema de protección a la infancia atendió en el 2016 a 6.000 menores, entre el 4% y el 5% del total de menores de 18 años que residen en Navarra.

4.300

Riesgo leve. De los 6.000 expedientes abiertos en el 2016, el 72% (4.300 casos) fueron atendidos en los programas de Atención Primaria al ser considerados casos leves.

1.700

especializados. El 28% de los expedientes abiertos por el Sistema de Protección a la Infancia fueron atendidos por los sistemas especializados al considerarse que el grado de desprotección era mayor. De ellos, 550 fueron catalogados como casos de riesgo moderado y fueron atendidos por los Equipos de Atención Integral. Otros 250 casos fueron considerados como de riesgo severo, incluyéndose a estos menores y a sus familias en programas de preservación familiar. Los casos en los que la intervención se produjo por la comisión de una falta tipificada como tal en el código penal, atendidos en programas de justicia juvenil, fueron 300. Los 600 casos restantes fueron de menores considerados en situación de desamparo, que pasaron a los programas de acogimiento familiar.

8.360

Familias monoparentales. En Navarra hay 8.360 familias monoparentales con 13.500 menores a su cargo. De ellas, un 9% tienen hijos atendidos por el Sistema de Protección Infantil.