Colectivos sociales han dado a conocer este lunes en Bilbao la demanda que contra Lanbide emprenderán por la vía judicial contra los criterios que el Servicio vasco de Empleo emplea en materia de Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Según han sostenido durante una movilización frente de la Delegación del Gobierno Vasco en la capital vizcaína, recurrirán en instancias judiciales 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados por considerar 17 de ellos «contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el BOPV y no mediante una circular interna».

A su juicio, se estaría produciendo una vulneración del principio de legalidad al establecer nuevos requisitos y obligaciones a las personas perceptoras que requerirían una modificación de la ley 18/2008, de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. «La intención que tiene el Gobierno Vasco a la hora de reformar la actual ley de la RGI no es acabar con las situaciones de pobreza existentes en nuestros pueblos y barrios», han afirmado, para añadir que «se hace con la descarada apuesta de ampliar su actual política de recortes».

Denuncia de SOS Racismo Gipuzkoa

Por su parte, SOS Racismo Gipuzkoa ha reclamado a Lanbide una «rectificación pública» porque en varias de sus oficinas se ha trasladado a inmigrantes en situación irregular que tramitaban la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que debían haber solicitado el Número de Identidad de Extranjero (NIE). Según ha explicado, el pasado 6 de abril apareció en la página web de Lanbide un documento con los criterios para la RGI en el que constaba que «toda persona extranjera tiene obligación de pedir el NIE tras residir tres meses en España».

SOS Racismo Gipuzkoa afirma que, «aunque este requisito ha desaparecido del documento», durante «varias semanas se ha exigido en diferentes oficinas» de Lanbide. Esta situación ha generado «confusión» y «algunos inmigrantes irregulares iban a acudir a la Comisaría Provincial de Extranjería» con las «graves consecuencias que esto conlleva», ya que pueden ser detenidos.

La ONG considera que este criterio «carece de sentido y no tiene ninguna justificación» porque Lanbide «sabe perfectamente que no cabe exigir un NIE en situación irregular» y opina que el organismo público ha actuado «de mala fe».