Las complicadas relaciones entre Berlín y Ankara han vuelto a sufrir una fisura con la decisión de las autoridades alemanas de conceder asilo político a ciudadanos turcos perseguidos por el régimen del presidente Recep Tayip Erdogan, entre ellos diplomáticos y militares de alta graduación. El anuncio ayer por parte del Ministerio del Interior de que se ha concedido el estatus de refugiado a los primeros militares turcos y sus familias fue respondido inmediatamente por las autoridades turcas.

La decisión adoptada por la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) contradice «el espíritu de la Alianza Atlántica», dijo un portavoz del Ministerio turco de Exteriores, que criticó a las autoridades alemanas por ser «benevolentes con los golpistas» y acusó a los «antiguos militares» turcos en Alemania de tener contactos «con la organización terrorista de Fetulah Gülen», el clérigo turco exiliado en Estados Unidos al que Erdogan responsabiliza del fallido golpe de Estado del pasado verano.

El BAMF confirmó que unos 7.700 ciudadanos turcos, entre ellos 450 militares y funcionarios, han solicitado asilo político en Alemania. En el caso de los funcionarios se trata en su mayoría de miembros de las sedes diplomáticas de Turquía en Alemania, mientras los militares se encontraban destinados en bases y oficinas de la OTAN en este país. Según varios medios alemanes, la BAMF había congelado la tramitación de estos últimos casos durante varios meses a la espera del resultado del referéndum constitucional en Turquía, que ha concedido poderes máximos a Erdogan. El rotativo ‘Süddeutsche Zeitung’ reveló un informe del Ministerio de Exteriores según el cual «existen idicios concretos de una persecución sistemática de presuntos seguidores del movimiento Gülen». Desde el pasado verano el Gobierno turco ha despedido o suspendido a más de 130.000 funcionarios, la mayoría militares y policías, pero también jueces, fiscales, profesores, acusados de simpatizar con Gülen.