Hungría ha vuelto a desafiar a la Unión Europea. Esta vez, con la ley de educación superior húngara, que supondría el cierre de la prestigiosa Central European University, la consulta nacional Stop Brussels y las medidas en materia de asilo y migración, que han hecho saltar las alarmas en Bruselas. El Colegio de Comisarios ha abordado la deriva del Gobierno de Víktor Orban, contra el que no descarta abrir un proceso de infracción. De momento, la UE apuesta por el diálogo.

La Ley de educación superior húngara obliga a las instituciones educativas extranjeras, como es el caso de la Central European University (CEU), financiada por el filántropo norteamericano George Soros, a tener un campus en su lugar de origen. En este caso, Estados Unidos. Esta universidad, fundada en 1991 tras la caída del comunismo, lleva años financiando proyectos en la región para el estudio de la democracia. La medida ha sido interpretada como un ataque a la diversidad y a libertad académica, no sólo por la Unión Europea sino también por Naciones Unidas.

Para el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la CEU es «una perla de la corona» centroeuropea que ha promovido la idea de las Europas del este y el oeste como una denominación puramente geográfica, no política. «Esto tiene un valor tan grande que merece ser protegido», ha subrayado. Timmermans ha recordado con nostalgia sus viajes a Hungría antes de la caída del comunismo y el sentimiento de opresión en aquella época al entrar al país. «Eso se acabó, se acabó y es el mayor logro de nuestra generación», ha insistido el holandés. Por eso, dice el vicepresidente, «seguiré luchando por todo lo que pretende limitar la apertura y la cooperación europeas».

La amenaza de cierre de la CEU se suma a la polémica ley de detención preventiva de migrantes y demandantes de asilo aprobada por el Gobierno de Orban y que también ha sido objeto de debate por parte de la Comisión. Por si todo esto fuera poco, el Ejecutivo húngaro ha lanzado una consulta ciudadana, ‘Stop Bruselas’. En ésta encuesta, Hungría cuestiona a sus ciudadanos sobre qué hacer ante políticas, por ejemplo en materia fiscal o migratoria, que considera nocivas. Frans Timmermans pide a Orban que diga en qué dirección quiere llevar al país, tras haber firmado la declaración de Roma para después lanzar esta campaña claramente antieuropea.

A pesar de las continuas salidas de tono de Víktor Orban y de una serie de políticas de marcado carácter autoritario, Timmermans no observa «una amenaza sistemática al Estado de derecho» en Hungría, a diferencia del caso polaco. Por eso, y porque el Gobierno húngaro ha aceptado dialogar con la Comisión para tratar de solventar las preocupaciones expresadas desde Bruselas, el procedimiento de infracción, aunque se contempla como una opción, no se ha lanzado.

La Comisión Europea ya abrió un proceso de infracción contra Hungría por entender que su nueva Ley para el Asilo era incompatible con la legislación europea.

En septiembre de 2015 , los Estados Miembros de la UE acordaron establecer un mecanismo de reubicación de refugiados para aliviar la creciente presión migratoria en Italia y Grecia. Este mecanismo se sumaba a una decisión del Consejo en julio del mismo año de reasentar en Europa a refugiados desde terceros países. En total, casi 180.000 personas en un periodo de dos años. Sin embargo, a sólo seis meses del vencimiento del plazo, apenas 31.832 personas han podido acogerse a este programa y la UE se encuentra lejos de lograr su objetivo. «Reubicar a todas las personas elegibles de Grecia e Italia en los próximos meses es perfectamente factible», considera el comisario de Migración, Interior y Ciudadanía, el griego Dimitris Avramopoulos. Y lo cierto es que los Estados Miembros, particularmente Luxemburgo y Portugal, han incrementado sus esfuerzos en los últimos meses para lograr el objetivo de reubicar a 98.255 personas desde Grecia e Italia antes de septiembre de 2018.

La Comisión Europea ha pedido a los Estados que incrementen sus esfuerzos, cumplan mensualmente las cuotas y sean más flexibles en la tramitación de las solicitudes. Sin embargo, la lentitud en la reubicación de personas susceptibles de protección internacional se debe en gran medida a la falta de solidaridad de algunos Estados Miembros.

Sin ir más lejos, Hungría, Polonia o Austria no han acogido a una sola persona mediante este programa y Bulgaria, Croacia y Eslovaquia, entre los tres, sólo a 64.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio González Zoido, se comprometió a que España cumpliría con las cifras de reubicación y reasentamiento acordadas. Lo cierto es que el Estado español sólo ha acogido a 1.354 de las casi 10.772 personas a las que se comprometió en el marco de ambos mecanismos.

La comisaria Vera Jourova ha desmentido se esté considerando recortar, a modo de multa, el flujo de Fondos de Solidaridad de la Unión Europea a aquellos países que no cumplan con las cuotas, tal y como sugirió la eurodiputada Cecilia Wikström.

Sin embargo, la Comisión amenazó ya en el mes de marzo, y vuelve a insistir ahora, en que tomará las medidas que sean necesarias si los Estados no cumplen con sus obligaciones.

Con 15.492 personas reasentadas desde terceros países, el mecanismo de reasentamiento sí se encuentra lejos de concluir satisfactoriamente. Sin embargo, el flujo migratorio no ha cesado aunque las cifras permanecen. Sólo Turquía, Jordania y Líbano, países que participan en el mecanismo, acogen casi cinco millones de refugiados. El compromiso de la Unión Europea de reasentar a 22.504 personas parece casi ridículo.

Otra de las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de reubicación y reasentamiento ha sido precisamente dar prioridad a personas vulnerables y particularmente a menores no acompañados. Una recomendación que se enmarca en el plan presentado por Bruselas para incrementar las medidas de protección a los niños migrantes que llegan a Europa y que incluye un sistema de acompañamiento, asistencia sanitaria, psicológica y legal y, a largo plazo, su integración en el sistema educativo.

Organizaciones en defensa de la infancia como Save the Children han celebrado la decisión de la Comisión de establecer por primera vez un marco específico para proteger a los menores migrantes.